Un hecho disparó todas las alarmas y determinó que se hiciera uso del «botón rojo» en tiempo de descuento. Fue la decisión de parte de la coalición opositora, de nominar al senador Carlos Tomasella como gobernador interino. Fue también el momento en el que Corrientes tuvo dos gobernadores. Desde la mañana del 15 de diciembre, se sucedieron hechos concatenados que culminaron, antes de la medianoche, con la aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación de la Intervención Federal a los tres poderes de la Provincia, una media sanción votada por unanimidad, y a mano alzada, por todas las bancadas.
Los hechos se sucedieron vertiginosamente. En la mañana de ese caluroso día de diciembre, el entonces legislador provincial, Rodolfo Martínez Llano, ya electo diputado nacional, como no había concurrido a la sesión preparatoria de fines de noviembre, se subió al avión de la Provincia con la decisión ya tomada de bajar la persiana, impidiendo que la coronación de Tomasella supusiera la continuidad del esquema nuevista.
Antes del mediodía, se reunió con el presidente de la Nación, Fernando de la Rúa y luego compartió un almuerzo con Ramón Mestre, con quien se conocía desde la Convención Constituyente, en la que el cordobés fue vicepresidente, secundando a Eduardo Menem. Mestre venía de dejar la Gobernación en manos de José Manuel De la Sota y pensaba tener un año sabático, hasta que en la tarde terminó dándole el «sí» al entonces ministro del Interior, Federico Storani.
Instalado en su despacho del décimo piso, que tuvo a disposición desde antes de asumir, hasta entonces ocupado por la ex diputada, Herminia Escalante Ortiz, el ya renunciante Diputado provincial justicialista comunicó al Secretario parlamentario la decisión de jurar ese mismo día al inicio de la sesión convocada.
Así fue que, entrada la tarde, el presidente del cuerpo, Rafael Pascual lo convocó, mientras éste aguardaba tras las cortinas, para la jura que sorprendió a los propios diputados por Corrientes, entre ellos: Ismael Cortinas, Luis María Díaz Colodrero y Noel Breard.
Por entonces, formaban parte de la Cámara de Diputados, entre otros, aparte de Eduardo Camaño, figuras de peso propio como Ramón Puerta, Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, Cristina Kirchner, Saúl Ubaldini, Carlos Soria, «Lilita» Carrió, Luis Brandoni, Lorenzo Pepe y Oraldo Britto.
Fue el propio Martínez Llano, conforme lo acordado con De la Rua (autor del proyecto) quien desde la oposición fundamentó las razones de una medida extrema habitualmente resistida por las provincias, como es la Intervención Federal que, conforme a la modificación de la Constitución del 94, debía ser votada por el Congreso de la Nación, contrariamente a lo que ocurrió con las precedentes de 1992 y 1993, que las dispuso Carlos Menem por decreto del Poder Ejecutivo.
Luego de un amplio debate, ya cerca de la medianoche, la Cámara dio media sanción mientras en el mismo palacio los senadores esperaban para darle la sanción definitiva, lo que hicieron esa misma madrugada del 16 de diciembre, siendo promulgada la ley ese mismo día y designado por decreto Ramón Mestre, quien puso como condición que fuera desocupado el puente General Belgrano antes de poner un pie en Corrientes.
Un par de años después, cuando Mestre era ya Ministro del Interior, y Oscar Aguad lo reemplazaba en la Intervención Federal, los entonces diputados nacionales, Ricardo Colombi y Martínez Llano propiciaron una segunda prórroga a la Intervención que vencía en diciembre de 2001 y que, como tal, debía ser aprobada por el Congreso de la Nación.
Nuevamente, en esa oportunidad, fue Fernando de la Rúa quien debió dar el visto bueno para una decisión de la que no estaba convencido. El Ministro del Interior le pidió a Martínez Llano una reunión a solas con el Presidente. Lo condujo el mismo Mestre al despacho presidencial y los dejó a la espera de que fuera De la Rúa quien resolviera.
El Diputado nacional del Partido Justicialista (PJ) por Corrientes tenía en claro que 2001 no era el mejor momento para que el peronismo pudiera alzarse con la Gobernación. Sabía que, lo más probable era que, siendo Ramón Puerta vicepresidente provisional, un eventual colapso institucional derivara en un gobierno encabezado por un peronista, lo cual allanaba la posibilidad de dar la batalla con poder de fuego propio, tanto a la aún poderosa estructura del Partido Nuevo como a las huestes que pudiera alistar la Intervención Federal.
En los hechos, tanto Puerta como Martínez Llano, este último con la experiencia del gobierno de coalición de 1999 que, a su vez, venía de la experiencia de muy poco tiempo atrás del Paraguay, fueron parte del armado que concluyó, desde el Congreso de la Nación, por vía de la ley de acefalía, en la Presidencia de Eduardo Duhalde, a quien Puerta allanó el camino con su renuncia.
La traba para la aprobación de la prórroga de la Intervención Federal, imprevistamente, surgió de la propia bancada del PJ, que adhirió a la posición liderada por Cristina Kirchner, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que debía dar despacho favorable. Por entonces, competía, cuerpo a cuerpo, con «Lilita» Carrió por lograr cámaras de televisión, en la búsqueda de un protagonismo nacional que a ambas les sirvió para hacerse conocer.
Cristina no se avino a entender razones de la conveniencia política del peronismo de Corrientes y se mantuvo, con una posición principista, alejada de la realidad fáctica de una provincia que nunca terminó de entender durante sus sucesivas gestiones.
Votada la Intervención por el Senado, el 16 de diciembre, el ya Diputado nacional regresó ese mismo día a Corrientes y, en la noche de esa jornada, el comandante general Contreras le informó que el 17, a las 4, procedería a despejar el puente conforme a las directivas recibidas del comandante general Chiappe, titular de la Región Rosario de la fuerza.
.