Este lunes caducó administrativamente el amparo que exceptúa a los productores agropecuarios en crisis del cobro de impuestos.
Según dicta la última resolución firmada para tal fin en diciembre de 2022, el «paraguas» legal fue clausurado el sábado 1, transformando a ésta en la primera jornada administrativa que el sector, asediado hasta el agotamiento por la seca, los incendios, la escalada de precios y la escasez de alimento, deberá enfrentar, además, totalmente «a la intemperie» la recaudación impositiva.
Ya fuera de término, dilatados por su propia demora en convocar al Comité de Emergencia local, los gobiernos provincial y nacional deberán ponerse de acuerdo a contrarreloj para decretar, homologar y comunicar a la Administración Federal de Ingresos Públicos un pedido que el sector agropecuario, en especial el señalado parte de las economías regionales, viene subrayando con insistencia desde hace meses a todas las órbitas de Gobierno: exceptuar en su totalidad a largo plazo a los productores del impacto impositivo para que el campo pueda costear la crisis, adaptarse al cambio climático y volver a la senda del desarrollo.
He ahí el quid de la cuestión que desesperanza al sector agropecuario, castigado por la adversidad climática con miles de millones de pesos en pérdidas ya cuantificadas, y ahora también ante un contexto que sume a todas las administraciones y banderas políticas dentro del escenario electoral de extrema adversidad.
Ya en el mes de abril, la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes hacía un llamado a todo el arco político a avanzar en propuestas transversales que convoquen a todos los sectores del campo, y al compromiso de «todos los colores» para sacar al agro de la crisis en la que se ha sumergido hace ya casi tres años.
SUBA DE COSTOS
A la situación se agrega «el impacto de una escalada galopante» en los precios de servicios e insumos, calculado por las sociedades rurales correntinas de entre el 29 y el 66 por ciento en áreas clave para la sobrevivencia de la cadena productiva.
El miércoles 28 de junio, un día antes de asistir, convocada por el Ministerio de la Producción de la Provincia, al Comité Provincial de Emergencia Agropecuaria, donde por unanimidad los representantes del agro ratificaron el estado de desastre en el que se encuentra la producción local, la organización difundió un estudio que detalla las pérdidas que el sector ganadero acumula sólo a causa del impacto inflacionario.
El informe, entregado a EL LIBERTADOR, detalla que cada 167 kilogramos de ternero perdido, el sector pierde también la posibilidad de adquirir 57 dosis de antiparasitario, relación que, no obstante, se calcula a un costo 42 por ciento más elevado que en 2019, cuando se dio señal de los primeros indicios de la crisis, trágicamente agravada en Corrientes luego de los incendios que devoraron la mitad de la provincia en 2022.
Del mismo modo, la organización advirtió, en base al estudio, que por cada 209 kilogramos de ternero el sector pierde un bebedero de chapa, a un costo que de 2019 a la actualidad varió en 26,4 por ciento; cada 236 kilogramos pierde una tonelada de alimento, sobre una variación promedio del 65 por ciento; cada 260 kilogramos el sueldo mensual de un peón, sobre una variación del 29,4 por ciento, y cada 250 kilogramos la logística de una jaula por 100 kilómetros de traslado sobre una variación del 66 por ciento.
Impresionante muerte de hacienda
En Curuzú Cuatiá, 240 vaquillonas de reposición de un plantel ganadero Braford fallecieron por una presunta intoxicación con nitratos en un establecimiento a 12 kilómetros de Curuzú Cuatiá. La zona estuvo afectada por la sequía y se recurrió a la siembra de verdeos para tratar de compensar la falta de pasto.
Fuentes de las entidades del campo señalaron que «en el Centro Sur de la provincia y río Santa Lucía hay una situación de desastre por la sequía; muchos recurrieron a verdeos para tratar de compensar la falta de forraje».
Agregaron que solo está disponible el 30 por ciento de la reserva habitual de pasto para pasar el invierno.
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