Al déficit habitacional de los últimos 50 años que padece la Argentina -como señaló un estudio de la Unne-, no importa quien gobierne el país pues nadie aún le encontró el agujero al mate, ahora por la inflación galopante se agrava la ya desesperante situación de miles de ciudadanos que están obligados a alquilar para tener un lugar donde vivir, ya con la familia, ya solo o ya siquiera por un tiempo para los progenitores de quienes deben estudiar en otra ciudad.
Como publicó hace unos días un medio digital nacional, «los ánimos están que arden en el ámbito de los alquileres» y «el bombazo» que recibieron los inquilinos por el aumento en octubre y noviembre al cumplirse, sólo por cumplirse un año más del contrato, porque de renovarlo es como una sentencia de muerte. Y aunque no sea igual al índice general de la inflación de más del 80 por ciento anual, los lánguidos bolsillos no dan para más.
En la Capital Federal, donde las entidades que los nuclea mantienen un ritmo constante en estadísticas y seguimiento de la situación, las cosas no difieren mucho de la angustia en Corrientes.
Impresiona la cantidad de personas que preguntan a familiares, amigos o conocidos si conocen un lugar donde el alquiler no supere los 30 mil pesos, un lugar más o menos digno cabe destacar, y la respuesta es negativa. Pululan con rostros abatidos y desesperados en toda condición.
Tanto en la gran ciudad como aquí también, las inmobiliarias dicen que la demanda comienza a superar la oferta, lo cual influye también en mayor aumento de los precios. Cabe mientras tanto advertir que una entidad de inquilinos en Buenos Aires, en cambio, por inmuebles ociosos promueve una ley que puso los pelos de punta a propietarios.
En el sector explican que por efecto de la inflación y las condiciones que fija la Ley de Alquileres vigente, la actualización de los contratos se disparó como nunca antes. El índice en octubre se ubicó en torno al 70 por ciento y los pronósticos de comercializadoras y expertos es de incrementos que se acentuarán aún más en el mes ahora en curso, tal como sucedió en la Capital correntina, donde quien alquilaba un departamento por 24.400 pesos mensuales, debe pagar de aquí unos 36.000 pesos. Pesos más, pesos menos, el porcentaje promedio es de entre 72 y 73 por ciento.
Se entiende entonces el motivo por el cual cientos de locatarios salieron como abejas a buscar «otro lugar» para vivir y no hacerlo debajo del puente o en la plaza más cercana al lugar de residencia.
Respecto a la intención de aquella asociación, en el rubro del ladrillo dan por descontado que, de avanzar, el proyecto que propone alquileres compulsivos reducirá aún más la oferta.
Precisamente este último aspecto agitó más las aguas en las últimas horas. Ocurre que Inquilinos Agrupados aceleró el paso para formalizar una propuesta que apunta a prohibir viviendas vacías por más de 90 días y contempla la creación del Sistema de Alquiler Protegido. Y la respuesta por el lado de las inmobiliarias no se hizo esperar.
Allí, en el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) señalaron en declaraciones a los medios que, de cobrar forma el proyecto, «esto conllevaría a una eliminación de la propiedad privada, lo que convierte a esta propuesta en algo absolutamente inviable y decididamente inconstitucional».
La modificación de la ley vigente
se trataría recién en 2023
La inflación del 100 por ciento proyectada para fin de año se refleja en los aumentos que sufren los alquileres, que como se indicó si bien no llega a esa cifra, los bolsillos están tan maltrechos que hasta el 72 o el 73 por ciento que se aumentó en noviembre es igualmente aplastante para la inmensa mayoría de argentinos empobrecidos.
El avance vertiginoso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es tal que, este mes, permitirá «el alivio» (¿?) que las actualizaciones anuales de los contratos queden por debajo de la medición que compara mismos períodos de dos años.
A poco de concluir el año, parece que la modificación de la Ley de Alquileres pedida por un sector de inquilinos, inmobiliarias e, incluso, propietarios, quedará para 2023, según consideran algunos si bien otros esperan por alguna aprobación express en las potenciales sesiones de diciembre. Mientras tanto, los ajustes ya se ubican por encima del 73 por ciento en varios casos y la perspectiva es de suba potente en la segunda mitad de noviembre, que se inicia hoy, según el temor de muchos.
Una legislación nada fácil de consensuar, ya que se buscó cierta protección de los inquilinos que pagaban hace algunos años sumas altas, porque cuando el Gobierno que finalizó su mandato en 2015 dejó un 25 por ciento de inflación, las inmobiliarias correntinas, al menos algunas, cada año, cuando el contrato era por dos años, incrementaban el 30 por ciento anual.
Planes, para el que gana muy bien
La semana pasada, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación anunció que el plan Procrear 2 abrirá nuevamente sus inscripciones este mes para el acceso a 526 viviendas que se construyeron en 11 provincias del país, a través de 27 desarrollos urbanísticos.
Los interesados podrán anotarse y consultar las bases y condiciones en el siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos. En tanto, las inscripciones que comenzaron el martes pasado finalizarán este martes 15.
El problema de los planes radica en que no sólo son escasas las viviendas por la altísima demanda, sino que lo requisitos que exigen, la inmensa mayoría no los puede cumplir, tal como se informó este sábado en la página 5, incluso para viviendas sociales del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico).
Amerita recordar una vez más un reciente estudio de la Facultad de Arquitectura de la Unne divulgado por EL LIBERTADOR, que destacó que en casi 50 años, el país no logró revertir el déficit en viviendas de los argentinos.
En 2010, el déficit alcanzaba a 3.024.954 de hogares, el 25 por ciento del total de hogares del país. Tal como el título de ese estudio: «… Entre las buenas intenciones y las restricciones estructurales».
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