El Diputado nacional analizó la iniciativa de Milei, que busca limitar la discrecionalidad del Estado sobre los bienes privados. Destacó la importancia de la seguridad jurídica para atraer inversiones y propuso crear una comisión bicameral a fin de garantizar el control parlamentario en los procesos expropiatorios.
03-POLITICA-OK-1La agenda legislativa en el Congreso de la Nación cobró un nuevo impulso tras el anuncio del presidente, Javier Milei, sobre el envío de un proyecto de ley destinado a reformar la histórica Ley 21.499 de Expropiaciones. La iniciativa, que se presenta como un «blindaje» contra lo que desde La Libertad Avanza (LLA) denominan «estatizaciones militantes», busca sepultar la era de intervenciones discrecionales que derivaron en juicios millonarios en tribunales internacionales.
En este contexto de redefinición de las reglas de juego, el diputado nacional por Corrientes de la Unión Cívica Radical (UCR), Diógenes González, analizó los alcances de la propuesta y subrayó la necesidad de ajustar toda normativa a las «garantías ineludibles» de la Constitución Nacional.
Para el legislador correntino, la discusión trasciende la coyuntura económica y se sitúa en el plano de la estabilidad institucional. En diálogo con EL LIBERTADOR, Diógenes puso el foco en el Artículo 17 de la Carta Magna como el cimiento sobre el cual debe erigirse cualquier modificación del sistema. «La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada», recordó, al marcar la hoja de ruta que debe seguir el debate parlamentario para asegurar que la reforma no sea objeto de futuras impugnaciones judiciales.
SEGURIDAD JURÍDICA
La reforma, diseñada bajo la supervisión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, introduce cambios técnicos de fondo que apuntan a eliminar la ambigüedad normativa. Entre los puntos centrales se encuentra el cálculo de las indemnizaciones, que deberá realizarse antes de cualquier alteración de valor provocada por el anuncio oficial, y el reconocimiento, por primera vez, del lucro cesante para el expropiado. Respecto de estas modificaciones, González sostuvo que «cualquier ley que el Congreso pretenda dictar debe basarse en ese marco normativo y de las garantías que otorga la Constitución Nacional».
El legislador nacional entiende que la previsibilidad es el factor determinante para el desarrollo del país: «Los distintos elementos que se describen en esa idea de proyecto son parte de una concepción destinada a darle mayor seguridad jurídica al desarrollo de las actividades económicas en Argentina y a proteger el esquema de las inversiones», puntualizó.
En su análisis, el Diputado nacional consideró que la protección de la propiedad privada es un dogma que no puede ser ignorado si se pretende que los capitales internacionales regresen a las fronteras argentinas, coincidiendo con la visión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien sostuvo que «sin propiedad privada no hay futuro posible».
El antecedente de YPF y el fin de la discrecionalidad
El proyecto de Milei no nace de un ejercicio teórico, sino que funciona como una respuesta directa al traumático litigio en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York por la estatización de YPF en el año 2012. Aquel proceso, que enfrentó al país a una posible sentencia de 18.000 millones de dólares, dejó en evidencia las falencias de un sistema que permitió ignorar estatutos societarios en favor de actos soberanos sin la debida compensación previa. «Más allá de que el kirchnerismo ha tenido una praxis o un estilo anticapitalista o antiempresario que generó, sin dudas, daño, lo cierto es que el fallo determinó el respeto de una ley soberana en contra de un estatuto», analizó Diógenes respecto de la intervención de los tribunales estadounidenses.
A pesar de que el reciente fallo trajo un importante respiro para las cuentas públicas nacionales, el legislador advirtió que la historia no debe repetirse. El nuevo esquema busca restringir la expropiación a situaciones de excepcionalidad extrema, eliminando las denominadas «ocupaciones temporales» que históricamente funcionaron como antesalas de nacionalizaciones definitivas.
Para el Diputado nacional, la validación de un acto soberano por parte de la Justicia extranjera no debe ser interpretada como un cheque en blanco, sino como un llamado a ordenar la casa y dotar de transparencia a cada intervención del Estado en la esfera privada.
Por un mayor control parlamentario
Uno de los aportes centrales que Diógenes González pretende llevar al recinto es la incorporación de mecanismos de control que involucren directamente al Poder Legislativo en el seguimiento de los procesos de utilidad pública. «Es muy importante que toda la normativa tenga estabilidad, que sean normas que respeten el espíritu de la Constitución y que puedan tener garantía de continuidad a lo largo del tiempo», afirmó.
En este sentido, sugirió que una herramienta acorde sería la creación de una comisión bicameral de seguimiento de los sistemas de expropiaciones, con el fin de otorgar un mayor marco de control parlamentario a las decisiones que se vayan tomando desde el Ejecutivo.
Con esta propuesta, el Diputado busca evitar que la «arrogancia de la política» (término utilizado por Milei para referirse a las gestiones anteriores) vuelva a poner en riesgo el patrimonio nacional. El legislador correntino consideró que el consenso entre las provincias y la Nación, canalizado a través del Congreso, es la única forma de garantizar que una ley de este calibre sobreviva a los cambios de administración.
Hacia una nueva etapa institucional
El debate por la reforma de la Ley 21.499 recién comienza, pero la postura de legisladores como Diógenes marca el tono de lo que será una discusión profunda sobre el rol del Estado. Mientras el Gobierno nacional busca «anestesiar» cualquier posibilidad de nuevos embargos masivos mediante este «blindaje», la oposición y los aliados legislativos deberán encontrar el equilibrio entre la necesidad de utilidad pública y el respeto al derecho individual. Para González, el camino está trazado por la seguridad jurídica y la estabilidad de las normas, pilares fundamentales para que la Argentina deje de ser vista como un destino de riesgo y comience a ser considerada un puerto seguro para el desarrollo económico.
«Cualquier camino que elijamos debe ser el de la ley y el de la Constitución», concluyó el legislador.