El diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Diógenes González manifestó su posición respecto del alcance fiscal de la posible modificación del impuesto a las Ganancias incluida en el debate sobre la reforma laboral.
El legislador explicó que la aprobación de los cambios propuestos implicaría para la provincia una pérdida estimada en 5.000 millones de pesos anuales en concepto de coparticipación, un monto que consideró significativo para el equilibrio financiero local.
González señaló que la discusión no se limita a una cuestión técnica, sino que involucra la sustentabilidad presupuestaria de los territorios subnacionales.
El legislador indicó que al tratarse de recursos que se destinan al funcionamiento del Estado provincial, a políticas públicas y a servicios esenciales, una merma de esa magnitud obliga a replantear esquemas de gasto y planificación.
En ese sentido, González remarcó que la eventual caída de ingresos no puede analizarse de forma aislada, ya que se da en un escenario económico complejo, con restricciones fiscales y demandas crecientes sobre los presupuestos provinciales. El Diputado nacional subrayó la necesidad de evaluar alternativas que permitan mitigar el impacto negativo de la medida.
NEGOCIACIONES POLÍTICAS Y
POSICIÓN DE LAS PROVINCIAS
Cabe recordar que mientras el presidente Javier Milei participa del Foro Económico Mundial en Davos, el Gobierno nacional continúa con intensas negociaciones en el Congreso para reunir los votos necesarios que permitan avanzar con la reforma laboral. En ese proceso, uno de los puntos más sensibles es la modificación del impuesto a las Ganancias, que enfrenta resistencia por parte de varios gobernadores.
Los mandatarios provinciales plantean que una reducción de las alícuotas que pagan las empresas, tal como prevé el proyecto, impactaría de manera directa en la recaudación coparticipable. Al tratarse de un impuesto que se distribuye entre la Nación y las provincias, cualquier baja se traduce automáticamente en menores transferencias.
Desde las provincias sostienen que el artículo en discusión perjudica las finanzas locales y reclaman que se revise la medida o se incorpore algún tipo de compensación. El planteo apunta a preservar los ingresos necesarios para sostener políticas públicas y compromisos asumidos en cada jurisdicción.
En este escenario, el oficialismo busca resistir los cambios propuestos por los gobernadores, al tiempo que intenta mantener el núcleo de la reforma laboral. La negociación se desarrolla en un clima de tensión, donde confluyen intereses fiscales, políticos y económicos de distinto nivel.
Consultado al respecto, González explicó que, por el momento, el tratamiento del tema se concentrará en el Senado, instancia en la que se analizarán posibles modificaciones. En ese sentido, afirmó que «hay que ver cómo se puede compensar y modificar» la situación que podría generarse para las provincias si se avanza con la reforma tal como está planteada.