Este jueves, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, informó sobre un operativo en el cual fue desarticulada una célula de la estructura criminal denominada “Tren de Aragua”. Una banda dedicada al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y compuesta por 12 personas que operaban en la Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires y Corrientes.
Tras una investigación judicial, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes; la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), detuvieron ayer a 12 personas, que están acusadas de integrar una red dedicada al lavado de activos y al financiamiento de actividades terroristas.
Los detenidos, diez ciudadanos venezolanos, una colombiana y un argentino (siete hombres y cinco mujeres), forman parte del círculo familiar y entorno del líder criminal Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias «Yiyi», vinculado a la organización transnacional Tren de Aragua.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N°1 de Corrientes, a cargo del juez Gustavo Del Corazón Fresneda, tras un pedido fiscal.
PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos incluyeron 13 allanamientos realizados por personal del Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal. Nueve de ellos se efectuaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo un departamento en el barrio de San Nicolás y un local de la empresa Western Union en Colegiales, donde se identificó un circuito paralelo de transferencias.
También se allanó un country en la localidad bonaerense de Canning, una propiedad en Gonnet, un local de estética de uñas en La Plata -adquirido, según la investigación, con dinero ilícito-, y un campo a unos 30 kilómetros de la ciudad de Corrientes.
Durante los operativos, se secuestraron vehículos, dinero en efectivo de distintas divisas, computadoras, máquinas contadoras de billetes, documentos, relojes de alta gama y joyas.
INVESTIGACIÓN
La investigación se inició en octubre de 2023 a partir de la detención de Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “Yiyi”. Este líder criminal, con pedido de captura internacional, fue arrestado por Interpol en la ruta N°43 de Corrientes.
Boscán Bracho había ingresado al país cuatro años antes con una identidad falsa y vivía en un country en Corrientes. Actualmente, se encuentra detenido bajo régimen de «alto perfil» en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza.
En el marco de los recientes procedimientos, su celda fue requisada y se le notificó que también quedaba detenido e imputado en esta nueva investigación como el décimo tercer acusado.
«Yiyi» Boscán Bracho enfrenta un pedido de extradición de la justicia venezolana por delitos graves como extorsión, asociación para delinquir, homicidio intencional calificado, terrorismo, tráfico de armas y obstrucción de la libertad de comercios.
Según revelaron los fiscales, la detención de Boscán Bracho “no representó un obstáculo para que continuara liderando su organización tanto en Argentina como en Venezuela”. El líder «tenía los recursos tanto logísticos como intelectuales necesarios para conducir las operaciones de la comunidad criminal a distancia”, e incluso “desde su lugar de detención, continuaba impartiendo órdenes y directivas para el funcionamiento del grupo”.
La organización fue descrita por los representantes del Ministerio Público Fiscal como un «entramado» que excede un esquema individual de ocultamiento de activos, reflejando una «organización criminal transnacional estructurada, con división de roles, capacidad operativa sostenida y un sistema económico subrepticio de disimulación y circulación de fondos» que funcionaba «de forma estable en territorio argentino, liderada por el referido Boscán Bracho”. Si bien muchos de los detenidos tienen vínculos familiares o personales con él, todos conforman una “estructura organizada con fines delictivos”.
La investigación determinó que arribaron a Argentina en pequeños grupos y de manera escalonada tras la llegada de «Yiyi», y poseían «en suelo argentino dos ramificaciones bien definidas, aunque vinculadas entre sí», una liderada por un primo y la otra por su pareja.
RED ASENTADA EN EL PAÍS
Respecto a las conductas delictivas atribuidas, los fiscales señalaron que la red demostró «importante grado de planificación y logística», asentándose rápidamente en el país. Sus integrantes evidenciaron “significativa capacidad económica” realizando «adquisiciones de bienes muebles e inmuebles de considerable valor», como campos, propiedades en countries y locales comerciales, pese a «no registrar actividad laboral formal ni declarar ingresos compatibles con ese tipo de operaciones patrimoniales”.
Se detectó un patrón de «envío sistemático de transferencias entre miembros del grupo familiar» sin justificación lícita, compatible con la fase de estratificación del lavado. El análisis patrimonial y financiero de operaciones bancarias, virtuales y en efectivo permitió estimar un total operado no inferior a 120.000.000 de pesos.
Además del lavado, se acusa a los imputados de financiar desde Argentina actividades de la agrupación terrorista Tren de Aragua.
La plataforma de lavado de activos funcionaba como un «esquema organizado para la recolección y provisión de fondos destinados al financiamiento de una organización criminal transnacional», cuyo objetivo es “ejecutar actos destinados a atemorizar y extorsionar a la población civil, generando condiciones de control territorial violento”.
Las maniobras en Argentina, incluyendo el uso de identidad falsa, manejo de grandes sumas sin justificación, testaferros y estructuras opacas, demuestran una «estrategia de financiamiento y sostenimiento económico de dicha organización criminal transnacional con vocación de permanencia y expansión territorial en América del Sur, particularmente hacia países como Chile y Argentina”.
Cabe señalar que el Tren de Aragua fue inscripto en febrero pasado en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Los fiscales solicitaron al juez el embargo preventivo de cinco automóviles y tres propiedades de los acusados con fines de decomiso, además de la inhibición general de bienes y el bloqueo de cuentas bancarias y virtuales de los trece imputados. El juez ordenó formar una incidencia separada para resolver sobre estas medidas cautelares.