En la decimoctava sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes, el bloque Unión por la Patria (UxP) presentó un proyecto de repudio al «Negacionismo del terrorismo de Estado», declarado públicamente por la diputada nacional Victoria Villarruel, también candidata a vicepresidente de la Nación por el frente La Libertad Avanza.
La iniciativa fue resistida por la mayoría del oficialismo capitalino, que decidió no aprobarla y enviarla a la comisión de Hacienda.
A diferencia de lo ocurrido en el Senado provincial, donde un similar proyecto de repudio fue aprobado por unanimidad, en el cuerpo deliberativo de la Capital fue ampliamente discutido. «No se trata de recordar lo que pasó hace más de 40 años durante la última dictadura cívico militar, lo que nos convoca es repensar como sociedad, como funcionarios públicos y como partidos políticos qué estamos haciendo para que no se debilite la democracia», señaló la concejal Lorena Acevedo Caffa.
«Las opiniones que vulneran derechos no pueden ser aceptadas, en democracia no podemos permitirlas. En otros países del mundo este tipo de declaraciones estarían penadas. Nosotros lamentablemente no hemos podido llegar a eso para impedir que ciertos personajes que se sientan en legislaturas digan barbaridades en nombre de una opinión que supuestamente hay que respetar», sostuvo la edil de UxP.
VISIONES
En ese sentido, el edil de la Coalición Cívica ARI, Fabián Nieves alegó que «esto no significa que no hayan habido víctimas de otras organizaciones que también pueden ser consideradas terroristas. Si bien hay que repudiar a aquellos que reivindican abiertamente los procesos de facto en nuestro país, se ha procurado cancelar a quienes buscan homenajear a las víctimas de la guerrilla. Independientemente de la opinión que podamos tener sobre la Diputada nacional en cuestión, no está mal homenajear a quienes han sido víctimas de estas organizaciones», argumentó.
La concejal opositora Magdalena Duartes, criticó a Nieves por «poner en un plano de igualdad algo que no fue una guerra, sino un plan sistemático de exterminio llevado adelante por el Estado, ya que quienes pertenecieron a grupos armados y que cometieron delitos no fueron juzgados como lo indica el debido proceso».
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