La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, a cargo del juez Sergio Daniel Curatola ordenó suspender los trabajos de ampliación y la remoción de la plataforma en proceso de construcción de un parador sobre la playa Arazaty de la ciudad de Corrientes.
De esta manera el parador Jack Tower deberá dar marcha atrás con el proyecto de ampliación de sus instalaciones en la arena de la playa capitalina sobre el río Paraná.
Detrás de esta decisión judicial se encuentra la organización civil de Defensores de los Espacios Públicos Costeros de Corrientes que en 2020 interpuso un Amparo, a fin de frenar la construcción de un shopping sobre la playa pública y frenar el avance de los paradores en contravención de las normas ambientales y administrativas.
Además de ocupar el espacio público en detrimento de los ciudadanos, advirtieron sobre el posible deterioro del ambiente y del paisaje natural.
La entidad vecinal defensora de los espacios costeros, informó sobre el dictamen: «Nos es grato informar que, el Poder Judicial ordenó el día 11 de septiembre de 2023 mediante resolución 81, que Jack Tower suspenda los trabajos de ampliación y remueva la plataforma nueva en la playa pública Arazaty. En tanto, la Municipalidad deberá hacer cumplir lo ordenado, bajo apercibimiento de aplicarse sanciones legales».
En la organización explicaron además: «Esta acción es una respuesta en el marco de un Amparo Ambiental ante la Cámara Civil y Comercial de la Ciudad Capital presentado oportunamente para frenar la ocupación de terrenos que son de todos y de todas y que, con total descaro, pretenden ser ocupados por algunos empresarios. Nuestro accionar -destacaron- ante la Justicia logró frenar en su momento la construcción de un shopping de 4 pisos de altura, que pretendieron construir en la costa del Paraná».
Recordaron que «a partir de esta nueva resolución se avanza en frenar la privatización ilegal de bienes colectivos. Volvemos a ratificar que la única lucha que se pierde es aquella que se abandona y que es necesario que nuestra ciudadanía reaccione en defensa de cuidar aquellos derechos que pretenden ser avasallados por unos pocos».
INSPECCIÓN
La Justicia correntina recorrió, el pasado jueves 27 de julio, la ribera de la Capital provincial sobre el Paraná. Puntualmente, la playa Arazaty. En el marco del Amparo presentado por los defensores de los Espacios Públicos Costeros de Corrientes, en la diligencia se advirtió como los paradores ampliaron su superficie de ocupación e incluso modificaron las estructuras reemplazando madera por perfiles y chapas.
«Queda claro que si los paradores no tienen contralor del Estado -explicaron- , se expanden sobre espacio público para beneficio exclusivo de sus dueños. Cuando hay avance sobre los bienes comunitarios quienes se ven perjudicados son los ciudadanos que ven restringido su uso y disfrute».
Nefasto antecedente del shopping
Ya en el inicio de la pandemia -marzo de 2020-, el grupo Goitia había quedado en evidencia una vez más.
En aquella oportunidad, fue con una jugarreta aprovechando la falta de «público» en la playa Arazaty, lo que le permitió comenzar con trabajos relacionados con el proyecto del shopping. Una nueva muestra de que varios protagonistas del sector empresario local se consideran más que la ley. En aquel contexto, entremezclado entre riesgos y medidas contra el Covid-19 y acciones judiciales en contra de su iniciativa, Jorge Goitia volvió a dar la nota.
En plena cuarentena, EL LIBERTADOR conoció el avance de las obras para el shopping de la Arazaty. Fue el personal de la Defensoría de Pobres Nº 2, con la secretaria actuante Manuela Pérez Ferro, que se constituyó en la Costanera Sur (entre Las Heras y Lamadrid, junto al club Boca Unidos) y se constató que en el lugar, «los equipos técnicos a cargo de un ingeniero Bosch (por encargo de Goitia, Casinos del Litoral SA) se encuentran realizando el estudio de suelo para instalar fundaciones con vistas a la mega obra del shopping, a metros del río Paraná», remarcaron en un comunicado, que fue enviado al juez de feria, Teler a quien se le pidió actúe en consecuencia.
En síntesis, los empleados de Goitia avanzaron pese al Amparo por presunto daño ambiental que fuera admitido días atrás por la Justicia de Corrientes.
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