A principio del año se dio a conocer un informe sobre la situación en Argentina a 3 años de legalización del aborto y Corrientes estaría entre las provincias con menor número de prácticas registradas. El pasado 25 de marzo se conmemoró la Solemnidad de la Anunciación del Señor: Día del Niño por Nacer y desde Comisión Episcopal para la Vida, Laicos y Familia (Cevilaf) por lo que volvieron a reflotar las cifras.
El 30 de diciembre de 2023 se cumplieron 3 años de la sanción de la ley que legalizó el aborto. La norma establece el derecho de las personas embarazadas a interrumpir ese proceso hasta las 14 semanas de gestación (lo que se llama interrupción voluntaria del embarazo -IVE-) y también reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) en los casos de violación, peligro de la vida o de la salud de la persona gestante; en el que la norma no estipula plazos.
Entre enero y septiembre de 2023 (último mes con datos disponibles), se registraron 69.421 interrupciones voluntarias y legales de embarazos en todo el país, de acuerdo con un pedido de acceso a la información realizado por el Centro de Datos de Chequeado al Ministerio de Salud de la Nación.
Si se considera la cantidad de mujeres en edad fértil por jurisdicción, el mayor número de abortos entre 2021 y septiembre de 2023 se registró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el menor en la provincia del Chaco.
Las muertes maternas por aborto disminuyeron entre 2020 y 2021 (último dato disponible). También se registró un descenso en la tasa de fecundidad adolescente.
Descenso de las muertes maternas
Las muertes maternas por aborto descendieron de 23 en 2020 a 13 en 2021 (último dato disponible), según el Ministerio de Salud de la Nación. «La ley 27.610 de Acceso a la ILE/IVE generó condiciones para el acceso al aborto seguro y esto se observa en el descenso de la mortalidad materna por aborto en el primer año de implementación de la ley. La meta de mortalidad materna por aborto es cero, por lo cual es necesario seguir ampliando los equipos de salud que garantizan la práctica, continuar con la disponibilidad de medicación en el primer nivel de atención y mejorar la calidad de atención en el segundo trimestre y posaborto», sostuvo la cartera sanitaria.
En este contexto, se observó un nuevo descenso en la tasa de fecundidad adolescente, que pasó de 15,4 por mil mujeres de 10 a 19 años en 2020, a 13,7 por mil en 2021. Esto representa una disminución de 1,7 puntos en un año.
«El sostenimiento del descenso de la fecundidad adolescente tardía se refuerza a partir de la estrategia de implementación de políticas públicas de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia y el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, en especial de larga duración como el DIU y los implantes subdérmicos», detallaron.
Los detalles de la estadística pública
Entre enero y septiembre de 2023 se registraron casi 70 mil interrupciones voluntarias y legales de embarazos en todo el país. Si se suman los procedimientos registrados en los años que la ley estuvo vigente (es decir, 2021, 2022 y hasta octubre de 2023), da un total de 245 mil interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público.
La distribución por provincias de la cantidad de abortos es desigual. Si se considera la cantidad de mujeres en edad fértil por provincia, el mayor número de abortos entre 2021 y septiembre de 2023 se registró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una tasa de 34 cada mil mujeres, seguida por Salta, donde fue de 30,4.
Entre las provincias donde menos abortos se notificaron se encuentran Chaco, Misiones y Corrientes con una tasa de 9,1; 10,1; 11,4 cada mil mujeres respectivamente.
Si se toma en cuenta la cantidad de procedimientos realizados en ese período en números absolutos, en primer lugar se ubica la Provincia de Buenos Aires, con 96.994 IVE/ILE. Esto se debe a que se trata de la jurisdicción con mayor cantidad de población de todo el país.
Vale aclarar que las estadísticas públicas sobre los abortos realizados en el país se basan en la cantidad de interrupciones informadas por los centros de salud públicos de cada provincia. Sin embargo, estos indicadores no incluyen las prácticas realizadas en el ámbito de la seguridad social (obras sociales) y en el sector privado (empresas de medicina prepaga).
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