El Gobierno de la Provincia de Corrientes avanzó con una fuerte ofensiva legal para frenar el desarrollo de la etapa tres de la licitación del tramo Litoral Norte. La decisión responde a la exclusión del denominado Corredor Belgrano -que atraviesa la Capital provincial- del objeto del pliego nacional, una omisión que, según las autoridades correntinas, compromete el desarrollo logístico, la seguridad vial y el presupuesto local por las próximas tres décadas.
En una entrevista con una emisora local, el fiscal de Estado de Corrientes, Horacio Ortega explicó los fundamentos del reclamo judicial, apuntó contra la falta de respuestas de la Nación y detalló los riesgos de una concesión que ignora un nodo estratégico para el transporte de cargas de la región.
EXCLUSIÓN ARBITRARIA
El conflicto escaló tras la negativa de la Dirección Nacional de Vialidad de incorporar el tramo en los pliegos, bajo el argumento técnico de que se trata de una traza de jurisdicción provincial. Sin embargo, para Corrientes, el corredor es un componente indivisible del sistema interprovincial.
- La orden del Ejecutivo: «Por instrucción del Gobernador (Juan Pablo Valdés), nosotros presentamos una medida cautelar de no innovar tanto en la Justicia Federal como en la Justicia provincial», señaló Ortega.
- La justificación de Nación: «Comenzamos esta cuestión pidiéndole a la Nación que incluyera este tramo dentro de la licitación, circunstancia por la cual la Nación nos envió un informe técnico, no jurídico, en el que nos dice que no lo incluye porque considera que forma parte de una ruta provincial».
Para el Fiscal de Estado, la postura del Gobierno central ignora la realidad operativa del transporte regional: «La Nación dice que no puede incluir este tramo porque se afectaría la ecuación económico-financiera”, advirtió.
“Pero la realidad es que este tramo forma parte inescindible de la ruta y es el único corredor por el cual la gente que venga bajando del puente, o que pretenda subir al puente con cualquier tipo de carga, sin hablar de sustancias peligrosas, tiene que atravesar inexorablemente este corredor», agregó.
SILENCIO ADMINISTRATIVO Y URGENCIA JUDICIAL
Ante la falta de fundamentos jurídicos por parte de la Nación, la Provincia exigió un pronto despacho. Lejos de abrir una instancia de diálogo, los plazos licitatorios fueron acelerados de forma unilateral, lo que obligó a Corrientes y al Municipio capitalino a realizar presentaciones judiciales por separado.
«Nos presentamos solicitando la incorporación de este tramo, considerando que su exclusión va a producir un perjuicio económico tanto para la Provincia como para el Municipio», afirmó Ortega.
Además, denunció la velocidad con la que se movió el expediente en Buenos Aires: «La Nación nunca nos contestó y, muy por el contrario, adelantó la apertura de los sobres licitatorios, es decir, la recepción de las ofertas. Eso se dispuso de un día para el otro, acortando los plazos», remarcó.
Actualmente, tras una primera audiencia en el fuero Federal, se determinó una tregua técnica: «La Justicia Federal dispuso una audiencia en la cual comenzamos a conversar y tratar este tema. Ahora tuvimos una prórroga por diez días, dispuesta como parte de un acuerdo», confirmó el funcionario.
INCERTIDUMBRE Y RIESGO URBANO
La mayor preocupación del Gobierno provincial radica en el largo plazo. De convalidarse el pliego tal como está redactado por el Ministerio de Economía de la Nación, la Provincia absorberá los costos de una infraestructura desgastada por el tránsito pesado internacional sin recibir las contraprestaciones de la concesión.
Los puntos críticos del reclamo tienen que ver con un “vacío de control”. «Durante 30 años vamos a quedar envueltos en una situación en la cual no sabemos cómo se va a producir el mantenimiento de esa traza ni quién va a ejercer las funciones de control», sostuvo Ortega.
Así hizo hincapié en la incertidumbre de los oferentes. «Tampoco sabemos si los oferentes, al momento de presentar sus propuestas para el tramo licitatorio, han tenido la cabal dimensión de lo que significa ofertar una parte de una ruta que inevitablemente deberán utilizar», indicó.
Y advirtió el peligro en zonas pobladas, ya que «nadie se va a hacer cargo de los costos de mantenimiento ni de lo que implica el tránsito de sustancias peligrosas, teniendo en cuenta que se trata de una de las zonas más pobladas, donde hay escuelas, locales gastronómicos, estaciones de servicio y hospitales. Es una zona de alta sensibilidad», especificó.
Puente Corrientes-Chaco
Hacia el final de la entrevista, Ortega alertó sobre otra de las grandes anomalías detectadas en los pliegos de la licitación y que ya fue advertida por la Cámara Argentina de la Construcción: la falta de previsión presupuestaria para el mantenimiento estructural del puente interprovincial.
«Lo que se menciona respecto del puente se refiere solamente a la calzada. No se habla de la estructura ni de las obras que deberían realizarse para su mantenimiento. Entonces allí aparece otro problema adicional, aunque eso estaría dentro de la esfera de la Ruta Nacional N° 16», advirtió el Fiscal.
Frente a este escenario, la postura de la administración provincial es inflexible: «Lo que a nosotros nos preocupa es este corredor y la instrucción directa del Gobernador de que sigamos hasta las últimas consecuencias, haciendo valer el derecho que les corresponde a los correntinos, evitando que ese derecho quede relegado por una supuesta ecuación económico-financiera», concluyó.