La Comisión de Legislación del Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación celebró su reunión constitutiva del período legislativo en curso, en la que quedaron formalmente designadas las autoridades que conducirán el cuerpo durante esta etapa. La comisión es presidida por el diputado nacional por Corrientes, Lisandro Almirón, del bloque La Libertad Avanza (LLA), quien encabezó el encuentro y fijó los lineamientos de trabajo orientados a acompañar las transformaciones que demanda el mercado laboral argentino.
LAS AUTORIDADES DE LA COMISIÓN
En la reunión fueron designados como vicepresidente 1º el diputado Sergio Palazzo, de Unión por la Patria; y como vicepresidenta 2ª, la diputada Gladys Hemenuk, de La Libertad Avanza. Las secretarías quedaron a cargo de Fernando De Andreis, del PRO, como secretario 1º; y de Sergio Capozzi, también del PRO, como secretario 2º.
La integración plural de las autoridades fue destacada por los propios miembros del cuerpo como una señal de voluntad institucional para avanzar en reformas de fondo.
LOS DECRETOS QUE HABILITAN LA REFORMA
El eje central del encuentro fue la entrada en vigencia de los decretos reglamentarios 407, 408 y 409, que permiten la implementación efectiva de los capítulos laborales incluidos en la Ley Bases, la reforma estructural impulsada por el presidente Javier Milei.
Almirón sostuvo que estas herramientas normativas “brindan seguridad jurídica, promueven la formalización del empleo y contribuyen a generar condiciones más favorables para la inversión y la creación de puestos de trabajo genuinos en todo el país”. En ese sentido, el Presidente de la Comisión fue contundente al señalar el rol que le cabe al Congreso en este proceso: “Argentina necesita un régimen laboral moderno que incentive la contratación, reduzca la litigiosidad y acompañe el crecimiento del sector privado”, consideró, al tiempo que añadió que “la reglamentación de estos instrumentos constituye un avance concreto en ese camino”.
MODERNIZACIÓN LABORAL
La Ley Bases, sancionada en 2024, incluyó una serie de disposiciones orientadas a flexibilizar y modernizar las relaciones laborales en el país. Sin embargo, su aplicación plena en materia de empleo quedó supeditada a la emisión de los decretos reglamentarios correspondientes, los cuales recién ahora entraron en vigencia. La Comisión, que históricamente ha sido escenario de tensiones entre el oficialismo y los bloques vinculados al sindicalismo, afronta este período con una conducción que busca articular posiciones diversas en torno a una agenda de reformas estructurales.