Trabajadores autoconvocados del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) realizaron ayer dos abrazos solidarios en reclamo de regularización laboral para centenares de empleados que se desempeñan en el organismo.
Es así que dichos demandantes -sin ningún tipo de bandería sindical o partidaria- realizaron abrazos solidarios en la dependencia central, ubicada en calle San Juan 460 y la delegación del Ex aeroclub, ubicada en Cosquín esquina Bonastre.
La duración estimada de la protesta fue de 20 minutos, resaltando que se cumplió estrictamente con los protocolos sanitarios Covid-19 (distanciamiento de 2 metros entre cada persona, uso obligatorio de barbijo e higiene personal).
«Cabe aclarar, que actualmente más de 358 personas, en diferentes puestos y áreas dentro del Invico, se encuentran en esta situación y algunos de ellos con hasta 25 años de antigüedad. Por lo que el pedido no es nuevo y hasta la fecha no se obtuvo una solución acorde al reclamo. Adoptamos esta medida como una forma de hacer visible nuestro reclamo. Para ello, cumplimos en informar a la comunidad para tomar los recaudos necesarios, siendo de gran transitabilidad esa parte de la ciudad. Desde ya agradecemos a los medios de comunicación por la difusión del reclamo», expresaron en un comunicado.
CONTRA INTIMACIONES
En tanto, delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron acerca de las intimaciones que se estarían enviando desde el Invico a gran cantidad de familias en la provincia.
«El Invico viene amenazando con intimaciones de desalojo a familias de escasos recursos que habitan las viviendas. En plena pandemia, donde miles de familias se encuentran en situación muy difíciles para llevar adelante su hogar, este organismo, sin ninguna sensibilidad social, está intimando con el desalojo a familias que se encuentran en situación de pobreza, atravesando distintos inconvenientes», expresan en un crítico comunicado y subrayan: «En muchos casos, desde la misma gerencia social, sita en San Martín y La Rioja, se intima a las familias para que desocupen la vivienda que están ocupando en 48 horas, bajo la amenaza de iniciar juicio de desalojo, y lo peor del caso es que esas intimaciones son firmadas por profesionales que, por su formación, deberían ser los primeros en contemplar estas situaciones de vulnerabilidad que sufren miles de familias en este contexto de pandemia y pobreza. Exhortamos a las autoridades y a sus funcionarios que cesen con estas intimaciones inhumanas, que violan los derechos constitucionales de las familias sin vivienda, que deberían ser protegidas por el Estado, contemplando su situación de vulnerabilidad y no avasalladas por sus funcionarios».