Una investigación judicial en Rosario puso al descubierto un caso de trata de personas y reducción a la servidumbre que se extendió por más de dos décadas en perjuicio de una mujer originaria de Corrientes, quien fue llevada a la ciudad santafesina siendo adolescente y obligada a realizar tareas domésticas sin remuneración ni libertad. El informe fue dado a conocer por fiscales federales que formalizaron la acusación contra la presunta responsable desde Estados Unidos.
Según las fiscales de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos, la víctima fue captada en Tres Bocas, Corrientes, cuando tenía 14 años. En 2003, tras la muerte de su padre y en un contexto de extrema vulnerabilidad familiar, su madre la autorizó a viajar a Rosario con la promesa de mejores oportunidades educativas. Sin embargo, esa promesa nunca se concretó y la joven nunca fue escolarizada allí.
La acusada, una mujer de 60 años residente en Los Ángeles (Estados Unidos) desde hace más de tres décadas, fue imputada ante el juez de Garantías de Rosario por el fiscal federal y sus colegas. La Fiscalía sostiene que, desde que la víctima ingresó en la casa del barrio Martin, estuvo sometida a realizar tareas de limpieza, lavado, planchado, cocina y asistencia, entre otras, sin percibir ningún salario ni contar con descansos, vacaciones o cobertura de salud.
Testimonios y peritajes judiciales revelan que, tras la aparición de problemas de salud de la madre de la presunta imputada en 2022, la acusada continuó la explotación de la víctima, aumentando la carga laboral e incorporando también la atención y cuidado de su propia madre en la misma condición de trabajo no remunerado.
Para supervisar y controlar las actividades de la mujer durante su trabajo en la casa de Rosario, la acusada instaló 16 cámaras de seguridad en la propiedad y le proporcionó un teléfono móvil con el que impartía instrucciones desde Estados Unidos, según la hipótesis fiscal.
La situación de servidumbre concluyó en octubre pasado tras un allanamiento de la Policía Federal que permitió el rescate de la víctima y el avance de la causa. Aunque el patrón de explotación se extendió por 22 años, la imputación formal se centra en el período entre 2022 y 2025, cuando la acusada estaba al frente del control de la situación.
Desde la Unidad Fiscal de Rosario explicaron que la acusada participó de la audiencia por videoconferencia desde Estados Unidos, donde reside, y que ahora afronta cargos por delitos vinculados a la trata de personas con fines de servidumbre. Las medidas cautelares incluyen, entre otras, la fijación de domicilio y la prohibición de contacto con la víctima.