La causa Exen avanzó en dos frentes simultáneos. La jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger procesó con prisión preventiva a cinco personas acusadas de lavar dinero a través de la cadena de gimnasios, mientras que el fiscal Patricio Sabadini amplió la imputación a las cuatro sociedades comerciales que operaban los establecimientos y pidió la suspensión de sus actividades.
Los cinco procesados
Federico Alejandro Clínis Canal, Sergio Nicolás Clínis Canal, María Graciela Canal y Mauro Emmanuel Lugo Heim fueron procesados como coautores de lavado de activos agravado por habitualidad. Jorge César Alberto Vargas fue considerado partícipe necesario del mismo delito, aunque sin el agravante, y cumplirá la prisión preventiva bajo arresto domiciliario.
La jueza también ordenó embargos millonarios sobre los bienes de los procesados: casi 5.821 millones de pesos para los cuatro coautores y la mitad de esa cifra para Vargas.
Dos de los imputados —Yamil Gabriel Gane y Raquel Edith Bohacek— fueron beneficiados con la falta de mérito. Gane, que estaba detenido, quedó en libertad de inmediato.
Por qué la expansión no cierra
Para la jueza, la clave está en la velocidad y magnitud del crecimiento de la cadena. Entre febrero de 2025 y julio de 2026, Exen pasó de no existir a tener siete sucursales en Resistencia, Barranqueras, Pampa del Infierno y Corrientes. El equipamiento de esas sedes fue valuado en casi 1.878.000 dólares.
Niremperger señaló una «discordancia objetiva» entre esa expansión y la capacidad de financiarla de manera legítima. La maquinaria, las obras y las instalaciones de las primeras sedes no tienen un correlato fiscal o contractual que las justifique plenamente. Informes de Arca respaldaron esa conclusión: los movimientos financieros y la adquisición de bienes superan ampliamente el capital social declarado, sin que los créditos de terceros alcancen para explicar la magnitud de las inversiones.
La resolución aclara que los gimnasios desarrollaron actividad económica real y utilizaron mecanismos habituales de financiación como préstamos bancarios, leasing y cheques diferidos. El problema, para la jueza, es el origen de los recursos de la primera etapa de expansión: quién puso el dinero inicial y de dónde vino.
Las cuatro empresas en la mira
El fiscal Sabadini amplió la imputación a las cuatro sociedades que estructuraron jurídicamente la cadena. Cada una operaba distintas sedes:
Exengym S.R.L. tenía a cargo las sedes Exen Illia, Exen Santiago y Exen Las Heras en Resistencia, y Exen Barranqueras. Rana S.R.L. operaba Exen Club en el Paseo Libertad de Resistencia. Exen Academy S.A.S. estaba a cargo de la futura sede en el ex Hotel Guaraní de Corrientes. Pampafitness S.A.S. operaba Exen Pampa en Pampa del Infierno.
Para la fiscalía, la utilización de cuatro personas jurídicas diferenciadas formó parte de la maniobra para disimular el origen ilícito de los fondos y darles apariencia de legitimidad.
Sabadini pidió a la jueza la suspensión temporal de las actividades y de la personería jurídica de las cuatro firmas, y solicitó la citación a indagatoria de sus representantes legales.