Al final de la instrucción del caso Loan Peña, la jueza Pozzer Penzo procesó con prisión preventiva a los siete imputados principales por «sustracción y ocultamiento de un menor de diez años». La única excepción fue Mónica Millapi, quien obtuvo prisión domiciliaria.
Descartó formalmente que Loan se hubiera perdido, que hubiera sido víctima de una red de trata o narcotráfico, o que el caso involucrara un delito contra la integridad sexual. Su conclusión fue más concreta y más oscura al mismo tiempo: «Persiste la sustracción, ocultamiento y desaparición del menor».
Diez personas más fueron procesadas en una causa conexa, acusadas de haber armado una estructura paralela para desviar la investigación: manipulación de testimonios, falso testimonio, entorpecimiento judicial, usurpación de títulos y otros delitos. Entre ellas, personas que habrían simulado ser miembros de la Fundación Lucio Dupuy para acercarse a testigos e imputados.
En abril de 2025, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes ratificó los procesamientos y las prisiones preventivas. La causa estaba madura para el debate oral.
EN DETALLE
El primer grupo, imputado por la sustracción y ocultamiento de Loan, está compuesto por siete personas: María Victoria Caillava (exfuncionaria municipal), Carlos Guido Pérez (excapitán de navío), Laudelina Peña (tía de Loan), Antonio Bernardino Benítez (esposo de Laudelina), Mónica del Carmen Millapi, Daniel «Fierrito» Ramírez y el excomisario Walter Adrián Maciel. Todos ellos enfrentan cargos encuadrados en el artículo 146 del Código Penal, que prevé penas de 5 a 15 años de prisión.
El segundo grupo, acusado de maniobras para desviar la investigación, incluye a: Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio.
Se les atribuyen distintos delitos, entre ellos falso testimonio, encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos profesionales. Parte de este grupo habría simulado ser integrantes de la Fundación Lucio Dupuy para interferir con testigos e imputados.