El subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, expresó a EL LIBERTADOR las esperanzas que el Gobierno de Corrientes sostiene en torno a la tramitación de las obras que han quedado paralizadas con el cambio de administración en el Estado nacional.
Breard advirtió que en total han sido 26 o más localidades las afectadas por el cese de tramitaciones sólo en el área educativa.
Dijo que las más afectadas han sido Capital, Santa Ana, Itá Ibaté, Ituzaingó, Villa Olivari, Villa Soto, Santo Tomé, Paso de los Libres, Mercedes, Saladas, Bella Vista, Santa Lucía, Lavalle, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros, Esquina, San Roque, Mantilla, Perugorría, Sauce, Mariano I Loza, Felipe Yofre, La Cruz, Yataytí Calle, Guaviraví y Tapebicuá, algunas de ellas con dos o más obras comprometidas por el Gobierno saliente.
«Cuando repasamos esta lista, podemos notar que las obras afectadas abarcan una dispersión geográfica importante, es decir, que la parálisis ha dejado en evidencia una discriminación muy profunda a la provincia, en sí, a Corrientes, independientemente del color político al que se remita la administración municipal», observó Breard, y señaló: «Tenemos muchas esperanzas de que esto se acomode en febrero, porque consideramos que, con sentido común, la continuidad está garantizada, es sabido que estamos hablando de obras que han sido aprobadas por Gobierno, y que son necesarias para el desarrollo de la educación, por lo tanto, sólo resta que el Gobierno central decida cómo hará para transferir los fondos necesarios».
Financiamiento público
Emilio Breard, por otra parte, explicó que, pese a que el Gobierno central ha presentado desde su cartera de Infraestructura una oferta amplia para modificar los modelos de gestión de obras públicas, en el área educativa, éstas, necesariamente, deberán seguir siendo financiadas, exclusivamente, con fondos públicos.
También explicó que, a diferencia de las rutas y de los puentes, las escuelas no tienen un fin de uso al servicio de privados, a quienes pueda cargarse el costo de una futura explotación, por lo tanto, las transferencias estatales son la única garantía que la educación tiene para seguir desarrollándose, en todo el país, no sólo en Corrientes.
«En el Gobierno nacional, desde Infraestructura, se refirieron en esos términos a gestiones que pueden ser llevadas a cabo a través de modelos que garanticen un reintegro, un retorno de la inversión inicial, que sirva, por ejemplo, para pagar un crédito, pero las escuelas se construyen con un fin y con fondos que se ejecutan de modo distinto», sostuvo, y remarcó: «Uno, para pagar las obras de una escuela, debe apelar necesariamente a los fondos públicos, porque nadie va a cobrar una cuota a nadie para pagar su construcción».