Se solicitó un informe pormenorizado sobre la estructura jerárquica, la nómina de especialistas en los barrios y el estado de los centros de día para adicciones, para abordar de manera eficiente situaciones de desborde o intentos de suicidio.
04-POLITICA-6En un contexto donde la crisis socioeconómica impacta directamente en el bienestar psicosocial de los vecinos, la concejal Gisela Lezcano (Frente Renovador) impulsó una iniciativa parlamentaria para que el Ejecutivo municipal rinda cuentas sobre la operatividad real de sus servicios de salud mental.
El proyecto de resolución, ingresado bajo el expediente 518-C-2026, pone el foco en la necesidad de garantizar un derecho fundamental que, según advierten organizaciones civiles, hoy se encuentra desbordado por la demanda en los barrios más postergados.
Los fundamentos de la propuesta de Lezcano son contundentes: la marginalidad y las situaciones críticas actuales han disparado las consultas por padecimientos mentales y conductas de riesgo.
Ante este escenario, la edil considera imprescindible clarificar la estructura técnica y jerárquica que el Municipio destina a estas políticas, evaluando si los recursos humanos y materiales son suficientes para brindar una contención efectiva.
«Resulta imprescindible evaluar la capacidad operativa de las dependencias municipales, tales como las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps), para detectar, derivar y realizar el seguimiento continuo de los pacientes», señala el texto que ya tomó estado parlamentario.
PUNTOS
La iniciativa solicita al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) un detalle pormenorizado que incluye:
1) Recursos Humanos: Nómina de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y operadores comunitarios asignados efectivamente a los servicios.
2) Territorialidad: Identificación de qué Saps cuentan con atención presencial, especificando días y frecuencias horarias.
3) Centros de Día: Un inventario actualizado del estado de los dispositivos destinados a la prevención y asistencia de adicciones.
4) Articulación Institucional: Los protocolos de derivación y convenios vigentes con el Estado provincial para el abordaje de casos de alta complejidad.