En la ciudad de Mercedes, se desarrolló el jueves la segunda sesión de la audiencia debate en el juicio seguido contra el ex intendente Diego Martín Caram y el actual presidente del Concejo Deliberante, Roberto Carlos Sánchez.
La audiencia tuvo lugar ante el Tribunal Unipersonal a cargo del doctor Martín José Vega, juez de Juicio Subrogante, y contó con la participación de seis testigos convocados por la acusación pública.
La investigación está encabezada por el fiscal doctor Adrián Aurelio Casarrubia, responsable de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Mercedes, quien impulsa el proceso judicial por presuntas irregularidades ocurridas durante el ejercicio de la gestión municipal.
Durante la jornada declararon dos integrantes de la Guardia Urbana Municipal, quienes estuvieron presentes el día de los hechos investigados. Ambos testigos manifestaron haber registrado en material fílmico la presencia de Caram en el Palacio Municipal, pese a que se encontraba suspendido en sus funciones.
Posteriormente brindaron su testimonio la secretaria de Hacienda y Finanzas, contadora Luisa del Carmen Sotelo, y el coordinador de Gabinete y ex presidente del Concejo Deliberante, Nelson José Scheffer. Ambos funcionarios aportaron sus apreciaciones sobre los hechos ocurridos aquella jornada y explicaron detalles de los actos administrativos que habrían derivado en la intervención judicial.
Según se informó, sus declaraciones permitieron contextualizar las decisiones adoptadas en torno al funcionamiento interno del Municipio y las comunicaciones institucionales relacionadas con la suspensión del entonces intendente.
En el cierre de la segunda sesión, la Fiscalía convocó a declarar a dos periodistas locales, Agustín Ávalos y Julio Alejandro Meda, quienes ofrecieron su perspectiva sobre los acontecimientos desde su rol en los medios de comunicación.
Ambos relataron cómo se desarrolló la cobertura informativa del episodio que dio origen a la causa y describieron las circunstancias en que se habrían producido los hechos materia del proceso.
ACUSACIONES Y CALIFICACIONES PENALES
El Ministerio Público Fiscal sostiene que Diego Martín Caram, asistido por los doctores Juan Ignacio Karam y Nahuel Ávalos, habría retomado sus funciones como intendente de manera irregular mientras se hallaba suspendido, a partir de un acto administrativo firmado por Roberto Carlos Sánchez, presidente del Concejo Deliberante.
Según la acusación, este documento habría permitido que Caram ejerciera nuevamente el cargo en contravención a las disposiciones oficiales.
De acuerdo con el planteo fiscal, los hechos se encuadran en los delitos de usurpación de autoridad y desobediencia a órdenes de autoridades, previstos en los artículos 246 inciso 1° y 239 del Código Penal, en función del artículo 54, atribuibles como autor material.
Respecto de Roberto Carlos Sánchez, quien cuenta con la defensa de los doctores Pablo Andrés Fleitas y Jaquelina Alegre Medina, la imputación contempla su participación en los delitos de usurpación de autoridad y desobediencia a órdenes de autoridades en concurso ideal, así como abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, según los artículos 248, 45 y 55 del Código Penal.
La Fiscalía considera que su accionar habría sido determinante para permitir que Caram reasumiera funciones sin la correspondiente autorización institucional. El tribunal evaluará la validez de estos cargos conforme al desarrollo de las próximas audiencias y la incorporación de nuevas pruebas.
Durante el debate, el fiscal Casarrubia subrayó que “los hechos investigados representan una afectación al principio de legalidad y al orden institucional municipal”, e indicó que las declaraciones de los testigos resultan fundamentales para establecer si existió un procedimiento administrativo contrario a derecho.
La defensa, por su parte, solicitó que se considere el contexto político en que se produjeron los hechos y la interpretación de las normas vigentes, planteando que no se trató de una conducta dolosa sino de una decisión administrativa en el marco de una controversia institucional.
El proceso continuará el próximo jueves 30 de octubre, fecha en la que se prevé la comparecencia de nuevos testigos y la incorporación de documentación vinculada a los actos administrativos cuestionados.
El tribunal deberá resolver, una vez concluida la etapa testimonial, si existen elementos suficientes para avanzar hacia una sentencia condenatoria o absolutoria.