La Cámara Nacional Electoral (CNE) advirtió hoy que las autoridades de mesa que sean vacunadas contra el coronavirus por el hecho de haber sido sorteadas podrían enfrentar penas de prisión si se ausentar de su tarea el día de la elección, ya que es considerada una «carga pública». El máximo tribunal electoral emitió ayer una acordada para adelantar la preselección de candidatos a presidente y vicepresidente de mesa, para así darle tiempo al Gobierno a incluirlos en la campaña de vacunación.
«A comienzos de julio va a ser la preselección y empezarán a llegar los telegramas. Es importante que tengan tiempo y la vacunación sea rápida. Si uno lo mira en magnitudes de nuestro país, no es una tarea titánica incorporar al plan de vacunación 250 mil personas», señaló el secretario de Actuación Electoral, Sebastián Schimmel.
En diálogo con TN, el funcionario judicial remarcó que «ser autoridad de mesa es una carga pública», por lo que para excluirse de la tarea debe haber una justificación fundada: para los que faltan a cumplir con su deber, «el Código Electoral prevé una sanción, que no es nada leve e incluye prisión», advirtió.
De todos modos, el integrante de la CNE reconoció que «no es lo más habitual llevar adelante» las causas judiciales contra esas personas, aunque señaló que es «una cuestión de política criminal del Ministerio Público respecto de la necesidad de esta persecución».
Al ser consultado sobre qué sucederá con las personas que accedan a la vacuna contra el coronavirus por ser elegidos como autoridades de mesa y luego falten el día de la elección, Schimmel explicó que el contexto de la pandemia y el hecho de destinar dosis especialmente para esos ciudadanos podría hacer que se cumpla con lo establecido por la legislación vigente.
«En un escenario como el actual, en el que el Estado estaría destinando estas vacunas a esos ciudadanos, efectivamente la sanción del artículo 132 (del Código Electoral Nacional) es una medida proporcionada al ilícito, a la afectación al bien público que estaría haciendo ese ciudadano», señaló.
En ese sentido, el artículo citado establece que «se penará con prisión de seis meses a dos años a los funcionarios creados por esta ley y a los electores designados para el desempeño de funciones que sin causa justificada dejen de concurrir al lugar donde deban cumplirlas o hicieren abandono de ellas».
Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) se realizarán el domingo 12 de septiembre y las generales, el 14 de noviembre, ya que por una ley del Congreso se modificó el calendario electoral debido a la pandemia de coronavirus.
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