En la reciente Conferencia de las Partes (COP) 3 de Escazú, que se llevó a cabo en Santiago, Chile, del lunes 22 al miércoles 24, se destacó por el compromiso con la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales.
El tratado de Escazú, adoptado en marzo de 2018 en Costa Rica y en vigor desde abril de 2021, ha sido ratificado por sólo 15 de los 24 países firmantes en América Latina y el Caribe, entre ellos, la Argentina.
Latinoamérica es una de las regiones más vulnerables a los efectos de la crisis climática, lo que hace crucial el compromiso regional con acuerdos como Escazú.
El gran hito de la COP 3 de Escazú fue la aprobación del Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, que establece una hoja de ruta para garantizar un entorno seguro para quienes protegen el medio ambiente.
Nicolás Duarte, quien asistió al encuentro en representación de la Fundación Correntinos contra el Cambio Climático, comentó que «hubo un nutrido grupo de argentinos con mucha presencia de juventudes y sobre todo federal, lo que es interesante ya que gran parte de los conflictos ambientales se generan en territorios lejanos a la capital del país y es ahí donde debe llegar Escazú con mayor contundencia».
Duarte también destacó la importancia de la implementación del acuerdo en los territorios: «El desafío es que el acuerdo se implemente en los territorios y la comunidad pueda entender en qué nos beneficia y la importancia que tiene para hacer un uso pleno de lo que implica».
En la COP 3 participaron diversas organizaciones argentinas, mostrando una representación federal. Entre ellas, se destacan organizaciones juveniles como Sustentabilidad sin Fronteras, Jóvenes por el Clima, Correntinos contra el Cambio Climático, y otras de relevancia internacional e histórica, como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).
El Gobierno argentino estuvo representado por Corina Lehmann, directora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y por Augusto Paz, de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. Ambos expresaron el compromiso del país con la protección ambiental y la implementación de Escazú en los territorios.
Para Nicolás Duarte, la COP debe ser un impulso para seguir trabajando en la implementación del Acuerdo, de allí es que manifestó que «todos coincidimos que hay una necesidad de generar su mayor divulgación y que se implemente en todas las provincias, donde es realmente trascendental que el Gobierno nacional lo lleve adelante e impulse a los gobiernos provinciales también a generar formación y un Poder Judicial que debe hacer lo propio; la articulación de la sociedad civil con estos sectores es clave», subrayó.
MÁS MIEMBROS
En la clausura de la reunión, el director del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay y presidente de la Mesa Directiva del Acuerdo de Escazú, Marcelo Cousillas, subrayó que la implementación nacional del tratado es uno de los principales desafíos que enfrentan los Estados Partes e instó a trabajar para que más países integren el acuerdo regional. «Hay 33 países que tienen la vocación de participar de esta asamblea. Nos queda trabajo para invitarlos, ayudarlos, fortalecer a la sociedad civil en esos países, para dar la posibilidad de que se entiendan los alcances y las ventajas de este acuerdo que posee un ámbito de diálogo, de cooperación», afirmó.
Asimismo, los países renovaron por los próximos dos años a la actual Mesa Directiva de la Conferencia, que está compuesta por Uruguay en la Presidencia, junto a Antigua y Barbuda, Argentina, México y Santa Lucía en las Vicepresidencias.
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