El legislador nacional de La Libertad Avanza por Corrientes, Lisandro Almirón, en declaraciones a Radio Sudamericana, reconoció las dificultades que enfrenta el espacio político que respalda al presidente Javier Milei en todo el país con sólo una minoría en el Congreso.
No obstante, el Diputado destacó el esfuerzo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, por construir consensos, a pesar de los intereses contrapuestos y la dinámica política tanto interna como externa al recinto parlamentario.
En ese sentido, Almirón recordó que la principal preocupación del oficialismo es alcanzar y mantener el déficit cero y el equilibrio fiscal. Respaldó así la reciente declaración del Presidente en X, sobre la imposibilidad de cumplir con la ley jubilatoria propuesta por el Congreso debido a las limitaciones económicas del país. «Estamos con una minoría, y veo diariamente al Presidente de la Cámara y al Presidente de Bloque haciendo un gran esfuerzo por construir consensos, aunque no estamos exentos de otros intereses», afirmó el legislador, añadiendo que «hay mucho juego en la Argentina, no sólo con la cuestión del déficit cero y el equilibrio fiscal».
A la vez, sobre el veto presidencial a la ley jubilatoria, Almirón explicó: «El Presidente, a través de Twitter, explicó claramente por qué esta ley no puede implementarse y por qué la veta». «La ley no se ajusta a la realidad económica del país en función del PBI y lo que Argentina puede sostener», sostuvo, remarcando: «Está fuera del esquema de una economía sostenible a largo plazo».
ESQUEMA DE
PRIORIDADES
El legislador también respondió a las críticas de la oposición sobre la asignación de fondos a la Secretaría de Inteligencia (Side), calificando la acusación de contradicción en las prioridades presupuestarias del Gobierno. Almirón destacó que los fondos destinados a la Side tienen un propósito diferente a los fondos para jubilados y no afectan directamente al presupuesto general.
Al respecto, explicó que existe una ley específica sobre inteligencia y una comisión bicameral encargada de supervisar estos fondos, subrayando la importancia de estos recursos para la seguridad nacional. «Los fondos de la Side tienen un objetivo distinto y no afectan el presupuesto general. La Ley Nacional de Inteligencia prevé un mecanismo específico para estos fondos», señaló, añadiendo: «Se conformó la comisión bicameral de inteligencia, y el presupuesto fue rechazado rápidamente cuando debía haber sido tratado en esa comisión. Los fondos reservados están destinados a la seguridad interna y externa del país».
PERSISTIR EN
LOS OBJETIVOS
ESTATALES
Por otra parte, Almirón sugirió que, pese al llamado del presidente Javier Milei al consenso a través del Pacto de Mayo, algunos sectores políticos persisten en seguir enfocados en negociar cargos y posiciones en las comisiones que en el bienestar del país. En la agenda parlamentaria, subrayó, esto desvía la atención de los objetivos estatales y responde a agendas personales que afectan la gestión pública.
El legislador criticó a aquellos que buscan negociar cargos en lugar de abordar los problemas del país y denunció maniobras políticas que desvían la atención y los recursos de cuestiones cruciales como la seguridad y la gestión del Presupuesto. Reafirmó su preocupación por la falta de interés de ciertos actores políticos en el bienestar del país, indicando que su enfoque en la negociación de cargos y prioridades personales afecta negativamente los objetivos del Estado nacional.
«Tenemos servicios de inteligencia que están desempeñando un papel crítico y, lamentablemente, estamos siendo un colador en Sudamérica por no poder responder a cuestiones importantes que son de secreto de Estado. Aunque no formo parte de la comisión de inteligencia, tengo conocimiento de la situación y hemos discutido en el Congreso, en la comisión de DNU, donde ya advertimos maniobras claras de ciertos sectores políticos. Estos sectores no parecen tener interés en el bienestar del país, sino en negociar cargos y otros objetivos que no coinciden con los del Estado nacional», concluyó Almirón.
UxP y UCR contra
el ajuste a jubilados
Tras el anuncio del presidente Javier Milei de vetar el proyecto de ley de reforma jubilatoria, tanto el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) como el de Unión por la Patria (UxP) emitieron comunicados en respuesta.
La UCR expresó su apoyo al déficit cero, pero subrayó que este objetivo no puede lograrse sacrificando los haberes jubilatorios. Los legisladores reafirmaron que establecer la movilidad jubilatoria es una función exclusiva del Congreso, criticaron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno, y remarcaron que el Congreso aprobó una ley para corregir errores y garantizar que los ingresos de los jubilados alcancen la Canasta Básica Total, teniendo en cuenta la inflación futura. El bloque radical, además, argumentó que existen alternativas viables para financiar el ajuste sin perjudicar a los jubilados, como la revisión de gastos tributarios, la eliminación de exenciones impositivas injustificadas y la reducción de subsidios.
La UCR consideró que el veto presidencial muestra una falta de consideración por la ley aprobada y criticó el DNU por no abordar adecuadamente la inflación y otros factores económicos.
FALTA DE HUMANIDAD
Por su parte, UxP expresó duras críticas el veto, titulando su comunicado Motosierra para los más débiles. En su documento, el bloque opositor acusó al Gobierno de afectar gravemente a los jubilados, quienes ya sufren el impacto del ajuste. El bloque subrayó que la situación de los jubilados es crítica, con haberes mínimos históricos y una caída del 10,6 por ciento en el haber mínimo para julio.
El bloque opositor remarcó que la ley aprobada por el Congreso busca mantener la vinculación de las jubilaciones con los salarios y propone actualizaciones anuales según el salario promedio (Ripte) para mejorar si la economía crece y criticó el DNU de Milei por ofrecer aumentos insuficientes que no cubren la inflación autoproducida de enero de 2024.
En cuanto al equilibrio fiscal, UxP explicó que la nueva fórmula de ajuste jubilatorio tendría un costo fiscal del 0,43 por ciento del PBI, similar a los cambios tributarios del Paquete Fiscal del Gobierno.
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