Sin asistencia, las personas hostigadoras pueden transformarse en un compañero de trabajo o en un padre de familia violentos». Con esa advertencia, una especialista en acoso escolar o bullying enumeró en un programa radial las graves consecuencias que tiene esta problemática si no es atendida como corresponde. Se trata de la consultora psicológica, Paola Zabala, quien reflexionó sobre este tema que se torna cada vez más preocupante por el creciente número y gravedad de los casos.
Zabala es directora de Comunidad Anti-Bullying Argentina y, en diálogo con la radio de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), remarcó que desde su organización alertan que Argentina no cuenta con estadísticas actualizadas de casos de violencia entre niños, niñas y adolescentes. Y, agregó que se trata de una falencia de la educación del país, además de la falta de protocolos de actuación vía legislación nacional que puedan aplicarse en las instituciones escolares.
«Lo que vemos es que los hechos de violencia se acrecientan y son de una gravedad cada vez mayor. Lamentablemente todavía nos seguimos guiando por percepciones, porque no tenemos datos estadísticos oficiales, así no podemos gestionar correctamente y tampoco verificar si las medidas que se toman están siendo efectivas», comentó.
COLATERAL
La referente mencionó que los únicos y últimos registros sobre la temática provienen de las encuestas Aprender de 2023, que indicaron que seis de cada diez niños recibieron algún tipo de agresión en redes sociales o en la escuela, y que un 36 por ciento se siente solo o discriminado en la escuela.
«La escuela no es solamente un lugar a donde los chicos van a adquirir conocimientos de tipo académico, sobre todo también van a aprender a socializar. Este tipo de hechos que muchas veces suceden en la infancia y en la adolescencia tienen consecuencias en la vida adulta. La educación emocional también debería formar parte de la currícula», opinó.
Zabala también manifestó la preocupación por la relativización por parte de adultos, sean docentes o familiares, de las consecuencias del acoso escolar, o la naturalización de la violencia entre menores de edad. Por ello, advirtió que el bullying se vincula con otras problemáticas como la deserción escolar, el paso a la violencia física, las autolesiones y el suicidio en los casos más graves.
«El bullying no es algo que se gesta de pronto, es la sumatoria de hechos de violencia que no recibieron ningún tipo de atención. ¿Cuántas veces seguramente ese niño estuvo solo en el recreo? ¿Cuántas veces sucedió que había que hacer un trabajo práctico y no tenía con quién? ¿Cuántos profesores presenciaron situaciones de agresión, de burla, y no intercedieron?», reflexionó la consultora psicológica.
Desde la Comunidad Anti-Bullying Argentina reconocen que los docentes no cuentan con herramientas para la prevención y actuación, de alta utilidad para evitar la escalada de dichas violencias: «Seguimos utilizando las viejas recetas, como la aplicación de medidas punitivas, pero no estamos trabajando desde la prevención», apuntó en vivo por la 99.7.
Sobre la intervención de los adultos y las instituciones, Zabala también remarcó la importancia de brindar asistencia no sólo al menor víctima de acoso, sino también a aquel niño, niña o adolescente hostigador.
De la misma forma, llamó a poner a consideración que un estudiante que actúa con violencia verbal o física ante un par ha de encontrarse también en una situación de vulnerabilidad psíquica que requiere la misma calidad de acompañamiento.
«Las personas que son hostigadoras en casos de bullying, lamentablemente si no reciben asistencia, pueden llegar a ser compañeros de trabajo violentos, una pareja violenta, un padre de familia violento. Esto tiene consecuencias incluso a largo plazo cuando a los chicos no les enseñamos que existen otras formas efectivas de conseguir lo que quieren, que no sean utilizando la violencia. Los chicos están en una etapa de formación y ahí es donde debería estar presente el adulto», sostuvo.
Una ley vigente
El Ministerio de Justicia de la Nación explica que el acoso escolar o bullying es el hostigamiento físico o psicológico que los compañeros de escuela hacen a otro alumno. Allí también se menciona que la Ley 26.892 de Convivencia Escolar – Bullying «establece criterios para tratar los conflictos dentro de las escuelas de todos los niveles del sistema educativo nacional».
Los objetivos de la normativa son: garantizar el derecho a una convivencia pacífica, libre de violencia física y psicológica; evitar la discriminación; fomentar la cultura de la paz; evitar el maltrato físico o psicológico; promover que las instituciones educativas elaboren o revisen sus normas de convivencia; promover la creación de equipos especializados y fortalecer los existentes para prevenir e intervenir en situaciones de violencia.
El espacio virtual
En su entrevista con la Radio de la Unne, la especialista en bullying, Paola Zabala, también hizo mención a la importancia de tomar conciencia que el acoso virtual requiere la misma atención e intervención que el que se da en los contextos áulicos. «Hoy el bullying continúa además a través de las redes sociales. La mayoría de los casos de ciberbullying no se gesta solamente en el plano digital. Lo que ocurre en las redes tiene consecuencias en la vida real de los chicos», advirtió.
A eso, Unicef informa en sus redes sociales que, «el acoso cara a cara y el ciberacoso ocurren juntos a menudo. Pero el ciberacoso deja una huella digital; es decir, un registro que puede servir de prueba para ayudar a detener el abuso».
Un fallo en Corrientes
En abril de este año, la Justicia correntina dio a conocer una sentencia respecto a un caso de acoso escolar y ciberacoso que tenía lugar en un establecimiento educativo de la provincia. En esa oportunidad, el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y de Paz de Paso de la Patria resolvió adoptar una medida cautelar para proteger a una adolescente de 17 años que denunció ser víctima de acoso escolar por parte de un grupo de compañeros del colegio al que asiste. Como parte de la medida, se ordenó que tres de los adolescentes involucrados continúen sus estudios de manera virtual por el plazo de 90 días. Además, se prohibió todo tipo de contacto entre la joven y las personas mencionadas en la causa, tanto en forma presencial como a través de redes sociales o plataformas de mensajería.