Por Noel Breard*
“El derecho debía volver a ocupar el lugar que la violencia le había arrebatado.”
León Arslanián — Presidente del Tribunal
9/12/1985 – 9/12/2025
El 9 de diciembre se cumplen cuarenta años del fallo que marcó un antes y un después en la historia democrática argentina: la sentencia de la Cámara Federal en la Causa N.º 13/84, conocida como el Juicio a las Juntas. Por primera vez en el mundo, una dictadura fue juzgada en democracia por tribunales ordinarios, con todas las garantías constitucionales y bajo la legalidad de un Estado de derecho que recién renacía.
La condena alcanzó a las tres juntas militares que gobernaron la Argentina entre 1976 y 1983, responsables de un plan sistemático, clandestino e ilegal de violaciones gravísimas a los derechos humanos. Lo central del fallo es su coherencia: la justicia actuó sin mirar banderas ni excusas ideológicas. También se juzgó —en procesos separados— a las cúpulas de organizaciones armadas como Montoneros por homicidio, atentados y asociación ilícita, dejando claro que el terrorismo de Estado es un fenómeno cualitativamente distinto, porque quien detenta el monopolio de la fuerza tiene un deber institucional irrenunciable de proteger a la Nación.
Este juicio fue leído internacionalmente como un hito innovador. Su antecedente más evidente es Núremberg, donde se juzgó a los jerarcas nazis ante un tribunal internacional creado por las potencias vencedoras en 1945. Pero la experiencia argentina agregó algo inédito: tribunales naturales actuando en democracia sobre crímenes masivos cometidos por un Estado que aún estaba recomponiéndose. En ese marco, tuvieron especial influencia doctrinas como la de Gustav Radbruch, que sostiene que una injusticia extrema no puede ampararse en el formalismo de una ley inmoral.
La sentencia incorporó también el concepto moderno de “autor mediato”, desarrollado por el penalista alemán Claus Roxin. Esa doctrina permitió atribuir responsabilidad penal a las cúpulas que diseñaron y dirigieron la estructura represiva: quienes, mediante un aparato organizado de poder, ejercieron dominio sobre la ejecución de los crímenes aun sin intervenir materialmente.
Otro aporte central fue el marco teórico del jurista argentino Carlos Nino, quien analizó comparativamente cómo distintos países enfrentaron violaciones masivas a los derechos humanos. Su obra iluminó el camino elegido por la democracia argentina: una respuesta jurídica legítima que preservara el futuro institucional sin renunciar a la verdad.
El juicio se apoyó en más de 800 casos representativos del universo total de denuncias, contó con el testimonio de alrededor de 700 personas y reunió una base documental enorme, que incluyó informes de organismos internacionales, denuncias del Episcopado Argentino y el informe de la CONADEP, creada por decreto del presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Ese informe registró inicialmente 8.676 casos de desaparición forzada y constituyó un insumo esencial para la reconstrucción de la verdad.
Todo este proceso fue posible gracias a una decisión política firme. Apenas asumido, Alfonsín derogó la autoamnistía dictada por la dictadura y dispuso, mediante los decretos 157 y 158 de diciembre de 1983, la acusación penal tanto a las juntas militares como a las cúpulas de las organizaciones armadas. Su convicción era clara: la Argentina debía abandonar la cultura de la muerte y construir una democracia fundada en los derechos humanos como política de Estado.
Los camaristas León Arslanián, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, Andrés José D’Alessio y Jorge Valerga Aráoz, junto a los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, llevaron adelante una tarea histórica cuyo valor se proyecta hasta hoy. El país les debe un reconocimiento que trasciende la memoria jurídica: ayudaron a sentar las bases éticas de nuestra democracia.
A cuatro décadas de aquel fallo, sigue vigente el mandato que cerró el alegato del fiscal Strassera, convertido en un pacto con el futuro de la Nación:
NUNCA MÁS.
*Senador provincial – Corrientes