Trabajadores de la economía popular de Capital volvieron a marchar este viernes, por las calles del microcentro correntino e improvisaron un acto en plena avenida Italia, frente a las oficinas del Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico), para pedir por tierra, techo y trabajo.
Uno de los voceros de este movimiento Juan Augusto Frías, contó a EL LIBERTADOR: “Una vez más nos movilizamos los trabajadores de la economía popular, un conjunto de organizaciones sociales que venimos con una consigna clara pedir los lotes con servicios que tenemos gestionados hace más de cuatro años en esta institución en el barrio Dr Montaña Sur. Las obras lentamente están avanzando pero le venimos a proponer que queremos ser parte en esa construcción a través de las Cooperativas de Trabajo”.
Por otra parte, solicitan por “la reconstrucción de los edificios del Warnes que concentra más de 250 módulos habitacionales que están abandonados hace más de 20 años y podrían ser una alternativa para paliar la grave crisis habitacional que se advierte en los barrios populares”.
“Hace más de 20 años la provincia no construye viviendas sociales. Nosotros venimos a proponer a través de las Cooperativas de Trabajo construir nuestras casas y que haya sorteos justos para frenar el hacinamiento que hay actualmente en los hogares”, cerró.
Los manifestantes tuvieron el acompañamiento del diputado nacional por el Frente Patria Grande, Federico Fagioli quien en diálogo con este medio indicó que «es una lucha legítima la de los compañeros de la Utep (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular), que tiene que ver con el acceso a la tierra, a la vivienda. En una Argentina donde la tierra sobra es muy injusto que muchas familias no tengan la posibilidad de acceder. Se comprometen a poder resolver esa problemática y hay que cumplirla”, sostuvo.
Preocupación por desalojos
Tamara Montiel, referente del movimiento Las Américas del Frente Patria Grande, a los pedidos antes formulados le sumó la preocupación por los desalojos que se están llevando a cabo en los barrios populares en esta Capital. “Son ilegales teniendo en cuenta la ley 27.453 de regulación dominial para la integración socio-urbana, mediante la cual los barrios populares están amparados para estar en estos lugares, mientras que el Estado les va dado cobertura. El Estado también tiene que cumplir con garantizar los servicios básicos, de agua, cloacas y electricidad. Dentro de los barrios populares tenemos la intención de pagar los servicios”, refirió.
Un referente de los ladrilleros sumó su voz y manifestó que el sector quiere mantener la continuidad laboral, tienen ladrillos para vender, uno de los insumos principales en una construcción. “El ladrillero lo único que quiere es poder trabajar para vender su ladrillo y poder comer”, expresó.
Fotos Luis Gurdiel