La Corte Suprema bajó el martillo

Se corrió el velo de la duda que aún existía en quienes no conocen las formas de cómo funciona el Alto Tribunal. La mesa decagonal, en la que ayer se sentaron sólo tres jueces, número suficiente para sesionar y resolver. Ahí fue donde los ministros estamparon su firma para habilitar la asunción de Horacio Rossati como nuevo presidente del Consejo de la Magistratura. Pocas son las fotos que existen de esa simbólica mesa testigo de decisiones fuertes en la vida del Alto Tribunal que el año venidero cumplirá 160 años de vida. Ayer todas las expectativas se centraron en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde deliberó, a puertas cerradas, el Alto Tribunal, ajeno a las presiones que llegaron hasta la posibilidad de someter a sus jueces al juicio político. La decisión estaba tomada desde hace tiempo, y los ministros no vacilaron a la hora de bajar el martillo con una resolución que dará qué hablar. De hecho, el doctor Enrique Petracchi, en su segunda presidencia (2004/2006), optó por no presidir el Consejo, interpretando que existía una incompatibilidad insalvable dado que como titular de la Corte podría ser llamado a resolver sobre decisiones por él adoptadas como Presidente del Consejo. Al acuerdo de ayer no asistió Ricardo Lorenzetti, quien se halla en el exterior.

La Corte Suprema de Justicia puso ayer en vigencia el nuevo Consejo de la Magistratura de 20 miembros, con el presidente del máximo tribunal Horacio Rosatti a la cabeza. También ordenó tomarle juramento a los nuevos consejeros electos y notificar a la Cámara de Senadores y de Diputados, que hasta ahora no mandaron a sus representantes por las segundas minorías. Así lo dejó en claro la Corte Suprema, en un fallo firmado por Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti no suscribió la resolución porque se encuentra en el exterior.
Anoche, Cristina Kirchner rompió el silencio sobre el tema y criticó directamente al máximo tribunal hablando de «casta judicial», mientras voces oficialistas hablaban de golpe institucional y amenazaban con pedidos de juicio político. La Corte respondió con un fallo: reafirmó la decisión sobre el Consejo tomada en diciembre que, según resaltó, «es cosa juzgada» y decidió no demorar el funcionamiento del organismo que selecciona y controla la labor de los jueces pese a que el Congreso no haya nombrado a sus representantes. «Resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos -cualquiera fuera el motivo- pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional», sostuvo el máximo tribunal en una clara alusión al camino que decidió tomar el oficialismo en el Congreso.
Para entender el origen de la polémica, hay que retrotraerse a 1994, cuando la Constitución nacional ordenó la creación del Consejo para seleccionar y controlar a los jueces. En un principio, el órgano tenía 20 miembros encabezados por el presidente de la Corte. Pero en 2006 la entonces legisladora Cristina Kirchner promovió una reforma para que el Consejo de la Magistratura tuviera trece integrantes. En ese momento, el Colegio de Abogados promovió la inconstitucionalidad de la ley, algo que finalmente fue dictado en 2015 por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y confirmado por la Corte en diciembre del año pasado.

INCONSTITUCIONAL

El máximo tribunal afirmó que la conformación de 13 miembros era inconstitucional porque no respetaba los equilibrios internos y le daba más preponderancia a los consejeros políticos en detrimento de los otros sectores. Entonces, instó al Congreso a dictar una nueva ley antes del 16 de abril (120 días). En caso de no hacerlo, el Consejo debía volver a su conformación original de 20 miembros.
Como el oficialismo no consiguió aún las mayorías para convertir un nuevo proyecto del Consejo de la Magistratura en ley, en las últimas semanas los distintos sectores que pueden designar representantes comenzaron a prepararse para la nueva etapa que comienza hoy. La semana pasada se eligieron, por ejemplo, a dos abogadas y a una jueza que asumirán en las próximas horas. Este lunes harán lo propio las universidades.
Para llegar a completar los 20 miembros, aún falta que el Congreso avance en la designación de un diputado y un senador por las segundas minorías. El radicalismo reclama para sí esos cargos. Sin embargo, la Corte dispuso en el fallo conocido este mediodía que sesionará inmediatamente con los miembros que estén en condiciones de jurar.
La semana pasada, el juez Federal de Paraná, Daniel Alonso -aspirante a camarista de Rosario- hizo lugar a una precautelar solicitada por el diputado del Frente de Todos Casaretto, en donde solicitó que se frene en el Congreso el nombramiento de representantes legislativos porque lo que se quiere es tiempo para que el Congreso dicte una ley (el proyecto oficial ya tiene media sanción en el Senado).
En ese contexto, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires le pidió a la Corte Suprema de Justicia que se «avoque» y anule la decisión dictada por la Justicia Federal de Paraná. Esta mañana, la Corte pidió dos expedientes, incluidos el de Paraná y cerca de las 13 dictó el fallo que oficializó la puesta en funciones del nuevo organismo.
«Cabe recordar que en el remedio ordenado en la sentencia esta Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial de la Nación, tuvo en miras su deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar el caos institucional o la eventual paralización del Consejo de la Magistratura y, en ese sentido, debe propender a la integración y funcionamiento del cuerpo de conformidad con la Constitución nacional en el menor tiempo posible y garantizando la seguridad jurídica», advirtió.
«En tales condiciones, vencido el plazo fijado sin que el Congreso de la Nación haya sancionado una nueva ley, corresponde que el órgano continúe funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por esta Corte en la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada», añadieron los jueces.
En el fallo se repasó cómo se llegó a este escenario y las resoluciones que dictaron desde el Consejo de la Magistratura para poder dar cumplimiento a la sentencia, con la elección de consejeras abogadas y jueces y la de académicos.
Y sobre la frase de la sentencia de diciembre que señalaba que los nuevos miembros del Consejo iniciarían su mandato «de manera conjunta y simultánea», la Corte señaló que «tal condición tuvo como presupuesto que los estamentos que debían designar a sus respectivos representantes simultánea de todos los nuevos miembros estaba prevista para la hipótesis de que la designación de tales consejeros ocurriese de manera escalonada antes del vencimiento del plazo señalado o de la sanción de una nueva ley».

.