Después de cuatro años de la tragedia en el arroyo Guazú donde perdiera la vida el misionero Rogelio Schweig, imputaron a la diputada nacional Ingrid Jetter por incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 249 del Código Penal, que contempla inhabilitación especial y multa). Esa situación se contempla cuando el funcionario responsable ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio. Además de Jetter (en ese entonces, delegada regional del organismo vial) están imputados Carmen Haydee Pirelli (ex funcionaria de Vialidad Nacional), Pedro Bordón y Héctor Montiel (personal superior de la Unidad Regional 2 de Goya de la Policía de Corrientes).
03-POLITICA-23El próximo mes de julio habrán pasado cuatro años de acaecido el fatal siniestro y recién van a declarar los primeros imputados para los días 11 y 12 de mayo de 2021.
También se tomó conocimiento de que la Justicia admitió como querellante conjunto al doctor Diego Francisco Macías, en representación de las cinco hijas menores de la víctima.
En definitiva, la diputada del PRO, Ingrid jetter fue imputada por incumplimiento de los deberes de funcionario público por el juez de Instrucción y Correccional de Esquina por la causa del arroyo Guazú.
Fuentes vinculadas a los abogados que revisaron el expediente, señalaron que llamativamente recién ha tomado estado público que en fecha 18 de agosto de 2020 el juez de Instrucción y Correccional de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, había requerido la instrucción formal.
Debe recordarse que en el mes de julio de 2017 al colapsar el puente sobre el arroyo Guazú sobre la ruta nacional número 12, por no haberse realizado las tareas de interrupción del tránsito, el día 12 de julio de 2017 un vehículo conducido por el ciudadano Rogelio Schweig, oriundo de la provincia de Misiones, cayó al vacío en el puente colapsado perdiendo la vida, resultando a todas luces responsables, funcionalmente, Vialidad Nacional por tener jurisdicción sobre la ruta nacional número 12 y la Unidad Regional 2 de Goya en su carácter de autoridad preventora y responsable de la seguridad ciudadana.
NEGLIGENCIA
En la especie, Vialidad Nacional debió arbitrar los medios materiales para interrumpir la circulación sobre la ruta 12 desde Esquina y desde Goya, con elementos contundentes que hicieran imposible eludirlos o traspasarlos, medios que no estuvieron el día del hecho; y la Policía de Corrientes debió impedir -con sus medios normales- que se circulara desde Goya a Esquina, cosa que no ocurrió porque la víctima circuló sin que nadie se lo impidiera desde Misiones hasta el lugar del hecho luctuoso. Corresponde aclarar que hacia el sur del puente en jurisdicción de Esquina, el tránsito estaba totalmente vedado.
Después de varios intentos de responsabilizar a personal subalterno de la Policía de Corrientes, la Cámara de Apelaciones de Mercedes anuló los fallos del Juez de Esquina y ordenó una nueva instrucción, que en forma bastante morosa hoy parece encaminarse a imputar a los verdaderos responsables de la tragedia.
Las fuentes consultadas por EL LIBERTADOR observaron que «es llamativa y sugerente la liviandad de la imputación formulada en contra de los funcionarios, teniendo en cuenta el resultado del hecho y sus implicancias».
El caso
Cuatro años atrás, la Justicia había puesto su mira en dos suboficiales de la Policía de Corrientes que estaban en el control móvil durante aquel fatídico accidente.
Ambos agentes fueron formalmente imputados en la investigación judicial sobre la trágica muerte del conductor Rogelio Schweig, quien se ahogó en el arroyo Guazú al caer por el puente roto que había colapsado el 8 de julio de 2017, cuatro días antes de la tragedia. La Justicia aludió en aquel tiempo a la falta de control vial y la negligencia de funcionarios encargados de asegurar el tránsito en la Ruta Nacional 12, entre Goya y Esquina.
Luego se dio lugar a la acusación formal de parte de la Fiscalía de Instrucción de Esquina, que consideró que hubo fallas en el control vial. El titular del Juzgado de Instrucción y Correccional de Esquina, el juez Gustavo Vallejos, dijo que se formalizó la acusación contra dos suboficiales de la Policía de Corrientes, pertenecientes a la División Rural.
Informó en esa ocasión que los imputó porque estaban en el control móvil durante la madrugada del accidente (12 de julio, a las 5.30) en el arroyo Guazú, en la cabecera del puente en el lado de Goya. Ya en esa oportunidad no se descartaba que pudieran ser imputados o al menos, citados como testigos sospechosos, funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad.
Los familiares de la víctima iniciaron un largo periplo ante la Justicia, para que se impute a alguien más que a dos simples agentes de turno dotados de sólo una linterna. La querella sería contra la Provincia y la Nación (por tratarse de una carretera nacional).
«Esto no es una responsabilidad de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo», dijo ilustrativamente un abogado que está moviendo el expediente, al ser consultado por EL LIBERTADOR.
Esa mirada y ese día parecen haber llegado.