La Cámara de Diputados provincial aprobó la resolución que solicita al Poder Ejecutivo que se reglamente y difunda la Ley Nº 5.665 de implementación del Protocolo de acciones conjuntas para la prevención, el tratamiento y la contención de víctimas de violencia sexual.
En su sesión 12, la Cámara baja trató sobre tablas la resolución presentada por la diputada justicialista Alicia Meixner. El pedido apunta a la reglamentación de la Ley N° 5.665, aprobada en 2005, que establece como objetivo contribuir al desarrollo de políticas públicas destinadas a la prevención de situaciones de violencia sexual, entendida como un tipo de violencia de género. Mediante la norma se busca construir espacios de contención, tratamiento y asesoramiento, de carácter interdisciplinario, para la asistencia de víctimas de violencia sexual.
«Muchas veces las víctimas no saben a quién tienen que recurrir, si tienen que denunciar o no, si es un tipo de abuso o violencia. Están desamparadas», sostuvo la legisladora, para alertar por la urgencia del protocolo. Recordemos que la normativa indica como responsable al Ministerio de Salud Provincial para crear un «Protocolo» que determine el procedimiento médico ante casos de violencia sexual, brindando a las víctimas la asistencia médico-hospitalaria para atención urgente de sus lesiones, eventuales contagios, incluyendo la prevención de urgencia HIV (Sida), proveer los procedimientos de anticoncepción de emergencia y brindar la contención psicoterapéutica a la víctima y su familia.
«Lo que estamos pidiendo es reglamentar la Ley para que se atienda a la víctima y asesore antes inclusive de que se judicialice la situación», señaló Meixner y agregó: «Esto son delitos de instancia privada, si la víctima decide no denunciar también la tenemos que acompañar y atender la problemática. Este es un prejuicio en nuestra sociedad, de que sólo valen los casos que se denuncian y muchas veces las víctimas no están preparadas para afrontar lo que un proceso judicial implica».
«Necesitamos este protocolo para que toda la sociedad sepa qué tiene que hacer y cómo acompañar ante un caso de violencia sexual», finalizó Meixner.
La resolución fue aprobada por unanimidad y comunicada al Poder Ejecutivo.
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