El Gobierno de Corrientes atraviesa una etapa de redefinición de su matriz logística y de conectividad terrestre. Con las vías navegables como eje de desarrollo comercial y un escenario nacional que impone la transferencia del mantenimiento vial hacia el sector privado, la gestión provincial «busca acelerar obras clave para no perder competitividad». Así lo definió a EL LIBERTADOR el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Jorge Meza, al trazar un pormenorizado diagnóstico sobre las decisiones operativas y presupuestarias que moldean el nuevo esquema de puertos y rutas en el territorio correntino.
El primer gran cambio institucional se ejecutó dentro del propio organigrama provincial. «Por disposición directa del gobernador, la Dirección de Puertos dejó de ser un área dispersa y pasó a orbitar bajo la estructura del Ministerio de Obras Públicas, quedando bajo la supervisión directa de la Subsecretaría del área. Esta unificación busca dotar de mayor agilidad técnica y administrativa a las terminales fluviales de la provincia», aseguró el funcionario.
En el puerto de Corrientes, los trabajos se concentran actualmente en la infraestructura de la zona primaria. Según precisó Meza, las obras en la plataforma operativa tienen como objetivo optimizar las maniobras y ganar eficiencia en el movimiento de contenedores, un aspecto sensible para la salida de la producción local.
Paralelamente, el foco de la gestión está puesto en el Norte correntino, donde el puerto de Ituzaingó entra en su fase decisiva. La Provincia avanza en las obras complementarias que exigieron los organismos nacionales para otorgar la habilitación definitiva, con la expectativa firme de que la terminal se encuentre plenamente operativa durante el próximo año. «A este frente se suman los proyectos para desarrollar una nueva infraestructura portuaria en la zona de El Sombrero y un intenso plan de labor técnica en Lavalle.
Uno de los pilares del esquema diseñado para Ituzaingó reside en su modelo de gestión. A diferencia de las concesiones tradicionales que otorgan la explotación a un único operador, Corrientes instrumentará un sistema de operadores abiertos. Bajo este esquema, cualquier firma privada que acredite la solvencia técnica, económica y la experiencia requerida podrá inscribirse y operar libremente», subrayó.
«La intención es promover la competencia y evitar que un único concesionario pueda convertirse en formador de precios», señaló Meza, al remarcar que la medida busca garantizar tarifas competitivas para los exportadores regionales. Esta apertura operativa cobra especial relevancia ante el mapa del comercio exterior en la cuenca del Paraná.
Actualmente, cerca del 60 por ciento de las exportaciones de granos de Paraguay transitan por el tramo del Alto Paraná. Sin embargo, el paso obligado por la esclusa de la represa de Yacyretá exige desarmar los convoyes de barcazas, lo que genera cuellos de botella y demoras logísticas de entre siete y diez días. Ante esta limitación estructural del transporte fluvial vecino, las terminales correntinas se posicionan como una alternativa de trasbordo ágil e interesante para el capital privado.
OPERATIVIDAD
En el plano vial, la Provincia se adapta a la resolución del Gobierno nacional de deslindarse de la reparación y conservación directa de los corredores federales. Este repliegue se materializa mediante dos vías principales: la concesión privada de trazas de alto tránsito y la autorización a las provincias para administrar corredores bajo el cobro de peaje. En Corrientes, las rutas nacionales 14 y 12 ya ingresaron en la primera modalidad.
En el caso de la Ruta Nacional Nº 12, las empresas concesionarias iniciaron tareas en el tramo que se extiende desde 9 de Julio hasta la intersección con la Ruta Provincial Nº 118, en cercanías de Loreto, proceso que incluirá la instalación de un puesto de peaje para financiar el mantenimiento de la calzada.
Respecto al resto de la red nacional que atraviesa la provincia, el Ministerio de Obras Públicas analiza qué tramos resulta viable asumir bajo la potestad otorgada por la Nación.
La meta del Ejecutivo provincial es estructurar propuestas de concesión a privados para asegurar que las trazas estratégicas mantengan condiciones mínimas de transitabilidad mediante el cobro de tarifa.

