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    Internacionales

    La disputa que dejó al descubierto la crisis política paraguaya

    12 de noviembre de 2026
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    La senadora paraguaya del Partido Participación Ciudadana (PPC), Esperanza Martínez, entrevistada en La Otra Campana, que se emite por LT7 en duplex con LT25 con la conducción de los periodistas Gustavo Ojeda y Facundo Sagardoy, analizó la crisis política e institucional de Paraguay.

    La legisladora sostuvo que el derrumbe del Ueno Bank dejó al descubierto una trama de relaciones y complicidades que comprometió recursos públicos y privados.

    «Hoy todo eso se desmorona y se descubre detrás una organización delictiva que penetró en el Estado paraguayo y consiguió que varias instituciones cooperaran para que pudiera funcionar y superar controles que deberían haber operado, pero no lo hicieron», afirmó.

    IMPACTO

    Martínez explicó que la entidad financiera había conseguido incorporar a aproximadamente tres millones de usuarios en un país de seis millones y medio de habitantes, mediante una estrategia de expansión que combinaba servicios digitales, tarjetas de pago y una importante campaña de bancarización.
    Entre sus clientes había vendedores ambulantes, pequeños empresarios, jóvenes, familias y personas que utilizaban sus servicios para administrar sus ingresos cotidianos.
    También había captado depósitos de cajas de jubilaciones, entidades previsionales, organismos binacionales, ministerios públicos y empresas estatales, además de fondos provenientes del sector privado.
    La legisladora remarcó que la imagen de solvencia vinculada a la Presidencia de la República contribuyó a generar confianza y facilitó el crecimiento de la institución.

    CRISIS FINANCIERA

    La senadora consideró que el alcance de la crisis excedió ampliamente el ámbito financiero porque afectó directamente la vida cotidiana de millones de personas que habían concentrado sus ahorros y operaciones en una plataforma bancaria digital.
    No obstante, la legisladora advirtió que todavía no se conoce la magnitud total del perjuicio patrimonial ocasionado al Estado paraguayo, debido a la participación de organismos públicos y entidades previsionales en las operaciones del banco.

    CONTROLES

    Martínez expresó especial preocupación por el funcionamiento del Banco Central del Paraguay, institución que, según recordó, había construido durante más de tres décadas una reputación de independencia y solvencia técnica.

    Explicó que, después de la crisis bancaria registrada durante los años noventa, en el gobierno de Juan Carlos Wasmosy, los principales sectores políticos y económicos promovieron acuerdos destinados a reformar el sistema tributario y fortalecer los mecanismos de protección de la política económica.

    Esa reorganización permitió consolidar una estructura profesional dentro de los organismos de regulación, con funcionarios especializados y una carrera institucional que se mantuvo durante sucesivas administraciones, incluso durante el gobierno de Fernando Lugo.

    La senadora sostuvo que esa construcción institucional comenzó a desarticularse mediante modificaciones normativas y decisiones sobre la conducción de los organismos de control.

    En particular, cuestionó la modificación de la denominada ley de puerta giratoria, que permitió que el expresidente del banco pasara a ocupar la presidencia del Banco Central y también la conducción de la Superintendencia de Bancos.

    La legisladora remarcó que esa concentración de funciones y la conformación de una red de relaciones dentro del sistema regulatorio debilitaron las garantías que habían sostenido el funcionamiento del sector financiero paraguayo durante décadas. «Así fue construyendo una red que, en menos de tres años, destruyó una institucionalidad que había llevado más de tres décadas consolidar», manifestó.

    DISPUTA

    Consultada sobre los acontecimientos que desembocaron en la destitución de Santiago Peña, Martínez atribuyó un papel determinante a la disputa de poder entre el expresidente y Horacio Cartes, titular del Partido Colorado.

    Martinez remarcó que ambos dirigentes habían compartido el mismo proyecto político, pero las tensiones por el control de las candidaturas, los recursos económicos y la conducción partidaria terminaron convirtiéndose en un enfrentamiento que aceleró el colapso institucional.

    La senadora sostuvo que la crisis financiera expuso una confrontación interna que ya existía dentro del oficialismo y que terminó adquiriendo una dimensión pública cuando los sectores enfrentados comenzaron a utilizar las denuncias sobre el funcionamiento del sistema bancario como parte de su disputa política.

    DESTITUIDO

    La legisladora describió la destitución como el resultado de una secuencia de maniobras políticas que buscaban ofrecer una salida favorable a Peña y evitar que enfrentara las consecuencias institucionales de un juicio político.

    Explicó que la posibilidad de aceptar su renuncia tenía una diferencia sustancial respecto de la destitución, porque la Constitución paraguaya le habría permitido convertirse en senador vitalicio y conservar fueros.

    Por esa razón, Martínez sostuvo que la oposición mantuvo su rechazo a la renuncia y trabajó para reunir los votos necesarios en ambas cámaras legislativas. También cuestionó los intentos de dilatar el procedimiento y la posibilidad de que el expresidente abandonara el país antes de quedar sometido a las instancias judiciales correspondientes.

    ESCENARIO ELECTORAL

    Martínez consideró que la crisis acelerará los tiempos políticos y tendrá consecuencias directas sobre el escenario electoral de 2028. Sin embargo, sostuvo que el desafío inmediato debe superar las disputas partidarias y concentrarse en la reconstrucción de las instituciones del Estado.

    La legisladora remarcó que la magnitud de los acontecimientos obliga a promover acuerdos entre sectores políticos, económicos y sociales que permitan recuperar los mecanismos de control, fortalecer la transparencia y establecer reglas comunes de funcionamiento.

    En ese sentido, remarcó que la reconstrucción institucional requiere terminar con los mecanismos de subordinación partidaria y garantizar que los organismos estatales respondan al interés general.

    «Tenemos que construir un acuerdo para reconstruir el país, con tolerancia cero a la corrupción y un proyecto con un profundo contenido social», subrayó.

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