En el marco de la investigación por la desaparición de la docente rural Nanci Estela Godoy (52 años), la Oficina Judicial de Esquina albergó una audiencia determinante en la cual el juez de Garantías, Jorge Gustavo Vallejos, dispuso que los imputados Sergio Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón continúen en prisión preventiva hasta la realización del juicio. La medida se hizo oficial mediante la Resolución Nº 495, tras dar lugar a la solicitud del Ministerio Público Fiscal, con la adhesión explícita de las partes querellantes. El magistrado respaldó su dictamen en lo dispuesto por el artículo 233 del Código Procesal Penal, fundado en la gravedad del caso y la urgencia de resguardar la investigación.
IMPUTACIONES Y FUNDAMENTACIÓN DE LA FISCALÍA
Durante este viernes, los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González formalizaron la acusación con base en el material probatorio recabado en esta etapa del proceso, donde Sergio Nahuel Rojas fue imputado por el delito de femicidio en calidad de coautor material, y Rosa Leguizamón fue imputada por el delito de homicidio simple en calidad de coautora.
El Ministerio Público Fiscal fundamentó la necesidad de extender la detención efectiva sosteniendo que, en libertad, los procesados podrían entorpecer la investigación y obstaculizar las labores de búsqueda de la docente.
La solicitud fiscal contó con el respaldo pleno de las querellas, donde la querella de los hijos de la docente acompañó los argumentos de la Fiscalía y solicitó que la prisión preventiva se dicte sin plazo, a fin de garantizar el desarrollo sin interferencias del proceso judicial. Mientras que la querella de Sebastián Medina se adhirió a la fundamentación fiscal y al requerimiento de privación cautelar de la libertad.
Por su parte, los representantes de la defensa formularon planteos alternativos. La defensa de Rosa Leguizamón solicitó la concesión de prisión domiciliaria, argumentando que la imputada tiene a su cargo a tres hijos menores de edad.
Mientras la defensa de Sergio Nahuel Rojas negó la existencia de riesgos procesales acreditados, invocó el principio de inocencia para evitar lo que consideró una pena anticipada y pidió el rechazo de la prisión preventiva en favor de un arresto domiciliario o, subsidiariamente, la fijación de un plazo determinado.