El Poder Ejecutivo de Corrientes elevó a la Legislatura provincial el proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 2027. La iniciativa contempla un esquema equilibrado que roza los 4,9 billones de pesos, estructurado a partir de premisas que buscan dar certidumbre a la administración pública en un escenario macroeconómico complejo. La propuesta oficial prioriza la recomposición de los ingresos del personal público, la continuidad de la infraestructura estratégica y el sostenimiento de los servicios básicos provinciales frente a las restricciones fiscales impuestas desde la Casa Rosada.
El proyecto fija con precisión un total de 4.867.761.361.745 pesos para el desenvolvimiento del sector público provincial. En la distribución de ese monto, las erogaciones corrientes demandarán 3.717.349 millones de pesos, mientras que la inversión de capital alcanzará 1.138.064 millones de pesos, dejando un saldo de 12.347 millones de pesos para atender aplicaciones financieras.
EDUCACIÓN, SALUD Y EL IMPACTO SOCIAL COMO PRIORIDADES
El área educativa concentra la mayor partida presupuestaria individual con 1.342.436 millones de pesos, en estricto cumplimiento del mandato de la Constitución provincial. El financiamiento busca apuntalar no solo el mantenimiento y la construcción edilicia frente a la escasa inversión directa remitida desde la administración federal, sino también los programas alimentarios en las escuelas, la conectividad y la implementación paulatina de jornadas extendidas.
Por su parte, la salud pública provincial absorberá 601.190 millones de pesos para sostener coberturas que en periodos anteriores recibían aportes nacionales. La partida contempla 3.990 millones de pesos para la operatividad del nuevo Centro Oncológico inaugurado en la capital correntina, el cual funciona de manera articulada con el instituto especializado de Curuzú Cuatiá.
En materia de contención social, el Ministerio de Desarrollo Social contará con 58.738 millones de pesos, en tanto que las partidas transversales con perspectiva de género y diversidad superan los 115.100 millones de pesos entre diferentes carteras ministeriales. Estas asignaciones cubren desde seguridad alimentaria y asistencia a comunidades vulnerables hasta programas de protección para la niñez y la familia.
GARANTÍA SALARIAL Y AUMENTO EN LA COPARTICIPACIÓN MUNICIPAL
La política de ingresos para los agentes de la administración pública provincial incluye una cláusula específica que busca preservar el poder adquisitivo frente al avance del costo de vida. El texto normativo establece que el gobierno volcará a la recomposición de los haberes como mínimo el cincuenta por ciento de los recursos excedentes de libre disponibilidad que ingresen por tributos provinciales y coparticipación federal, si estos superan las estimaciones iniciales. Asimismo, se ratifica el cronograma de pago de sueldos dentro de los últimos cinco días hábiles de cada mes para brindar previsibilidad a los empleados públicos en actividad, jubilados y pensionados.
En sintonía con la política de descentralización territorial, el presupuesto asigna a las intendencias 550.798 millones de pesos en concepto de coparticipación municipal durante todo el ejercicio. Dicho volumen representa un crecimiento del treinta y ocho por ciento en comparación con los fondos previstos en la ley vigente para el año anterior, lo que amplía la autonomía financiera de los distritos comunales para encarar obras locales y mejorar sus esquemas de recaudación tributaria.
PEDIDO DE CRÉDITO PARA INFRAESTRUCTURA Y LETRAS DE TESORERÍA
Con el objetivo de compensar el freno de las partidas nacionales para obras públicas, el proyecto solicita autorización parlamentaria para gestionar operaciones de crédito público por hasta 600.000 millones de pesos, o su equivalente en moneda extranjera. Estos fondos estarán afectados exclusivamente a proyectos de infraestructura de envergadura, entre los que figuran corredores viales en las rutas provinciales 27 y 68 con respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo, las terminales portuarias de Lavalle y El Sombrero, obras energéticas de alta tensión y mejoras en el aeropuerto internacional de Paso de los Libres. Para contingencias transitorias de caja, el Poder Ejecutivo prevé además una emisión de Letras del Tesoro con un tope de 200.000 millones de pesos.
El equipo económico provincial fundamenta este pedido de financiamiento en el perfil fiscal de la provincia, respaldado por calificaciones de riesgo crediticio de nivel superior con perspectiva estable. Según las estimaciones oficiales, los servicios totales de la deuda provincial apenas comprometerán el cero con sesenta centésimas por ciento de los recursos corrientes netos de coparticipación a los municipios, un valor que se ubica de forma holgada por debajo del límite legal del quince por ciento fijado por el régimen federal de responsabilidad fiscal.
ORGANISMOS AUTÁRQUICOS Y PODERES DEL ESTADO
El cálculo financiero detalla también los recursos para los entes descentralizados y empresas provinciales. El Instituto de Previsión Social contará con un presupuesto de 1.026.600 millones de pesos, impulsado por el impacto directo de las mejoras salariales remunerativas en las jubilaciones. La Dirección Provincial de Energía dispondrá de 652.399 millones de pesos para ampliar redes y estaciones transformadoras, mientras que el Instituto de Obra Social de Corrientes administrará 297.254 millones de pesos.
Para los restantes poderes del Estado, el proyecto reserva 259.666 millones de pesos destinados al Poder Judicial y 83.124 millones de pesos para el funcionamiento del Poder Legislativo.