La Unidad Fiscal Corrientes, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) solicitaron formalmente la elevación a juicio oral de la causa que involucra a 13 integrantes de una red vinculada al Tren de Aragua. El requerimiento, firmado por los fiscales Flavio Adrián Ferrini, Santiago Marquevich y Diego Velasco, fue radicado ante el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes.
El grupo (compuesto por ocho hombres y cinco mujeres (tres venezolanos, un argentino y nueve nacionalizados o con doble nacionalidad argentino-venezolana)) está acusado de integrar una organización criminal transnacional (art. 210 ter del Código Penal) y de cometer maniobras sistemáticas de lavado de activos (art. 303, inc. 1°). Asimismo, para nueve de los procesados, los fiscales solicitaron el juzgamiento por el delito de financiamiento del terrorismo (art. 306 del Código Penal), una figura que prevé penas de hasta 15 años de prisión.
MANDO A DISTANCIA
El presunto conductor de la estructura es Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias «El Yiyi», jefe de una facción del Tren de Aragua. Boscán Bracho había ingresado a la Argentina desde Colombia en junio de 2019 utilizando una identidad apócrifa. Tras mantenerse prófugo con una notificación roja de Interpol emitida por la justicia venezolana por homicidios, extorsiones y terrorismo, fue detenido el 2 de octubre de 2023 en un operativo sobre la ruta provincial N° 43, en Corrientes.
Pese a su encarcelamiento en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza (donde permanece bajo el régimen de presos de alto riesgo (Sigpplar)), las escuchas telefónicas demostraron que el líder continuó impartiendo directivas a distancia. La organización se articulaba en dos células de gestión directa: una encabezada por su pareja (Amdc) y otra por su primo (Edub).
LA MANIOBRA FINANCIERA
La investigación patrimonial determinó que la red colocó en circulación más de 120 millones de pesos provenientes de actividades ilícitas no explicitadas. Para estratificar los fondos y dificultar el rastreo estatal, combinaron operaciones en la banca tradicional y billeteras virtuales con mecanismos informales de transferencia.
Uno de los imputados operaba un esquema informal de remesas desde una sucursal de Western Union ubicada en el barrio porteño de Colegiales. Además, se detectó el uso recurrente de redes de compensación informal de dinero basadas en la confianza, al margen del sistema bancario.
Los miembros del grupo registraron compras de vehículos, propiedades (incluido un campo a 30 kilómetros de la capital correntina) y el alquiler de residencias en barrios privados sin contar con actividad laboral registrada ni ingresos declarados en el país.
GIRO CLAVE: LA IMPUTACIÓN POR FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El expediente dio un salto cualitativo en febrero de 2025, cuando el Ministerio Publico Fiscal solicitó ampliar el objeto procesal luego de la inclusión del Tren de Aragua en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePet).
Bajo esta premisa, la fiscalía sostuvo que la recolección y administración de activos no solo buscaba el enriquecimiento personal de la banda, sino la provisión directa e indirecta de recursos económicos para sostener la infraestructura logística de una organización que apela a la violencia y a la intimidación territorial en el continente.
EVIDENCIA ACUMULADA Y ALLANAMIENTOS
El cuadro probatorio que sostiene el pedido de juicio oral se nutre de intervenciones telefónicas, levantamiento del secreto bancario y bursátil, e informes de inteligencia del Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA, en cooperación con el FBI, el Departamento de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos e Interpol.
Durante los allanamientos simultáneos realizados en mayo de 2025 en CABA, Ezeiza, La Plata y Corrientes, las fuerzas de seguridad incautaron 51.576 dólares en efectivo en la residencia de la pareja del líder, máquinas contadoras de billetes, documentación societaria, pasaportes falsos y cuadernos manuscritos con registros contables sobre los movimientos de dinero.