José Ríos, presidente de la Asociación de Veteranos de Fútbol de Santo Tomé, intentó dar por cerrado el capítulo de la suspensión a Maximiliano Silva, actual titular de la Liga Santotomeña, aunque el clima interno sugiere que el conflicto está lejos de terminar.
El detonante fue la confirmación de una maniobra fraudulenta por parte de Silva. Según consta en los registros, el dirigente adulteró su Documento Nacional de Identidad (DNI) para poder integrar las filas del Club América en la categoría Sub-35 durante 2025, cuando en realidad contaba con 34 años. Por este hecho, el Tribunal de Penas le aplicó una suspensión de tres años, una medida que Ríos calificó como «inamovible» y un «caso terminado».
Sin embargo, las declaraciones de Ríos en el programa radial Agenda Abierta (donde aseguró que el fallo se respetará «a rajatabla» y sin cambios) no han logrado apaciguar las aguas. Por el contrario, han encendido una fuerte interna dentro de la Asociación, donde varios sectores denuncian la existencia de una «doble vara» en el manejo de las sanciones.
El malestar de los socios y presidentes de clubes se fundamenta en antecedentes recientes que contradicen la supuesta rigidez del Tribunal. Se citó el caso del jugador Victorio Barattini (Avanti Hermandad), a quien el Consejo Directivo decidió sumarle cinco fechas adicionales de suspensión tras haber aceptado inicialmente el fallo de cuatro jornadas dictado por el tribunal. Esta disparidad de criterios ha llevado a una mayoría de presidentes de clubes a cuestionar la benevolencia del castigo hacia Silva.
Fuentes cercanas a la dirigencia aseguran que la presión va en aumento. Al menos nueve presidentes de clubes estarían dispuestos a ampararse en el reglamento para exigir una revisión formal del fallo, lo que desmiente la versión oficial de Ríos sobre la imposibilidad de aplicar otra sanción. La exigencia es clara: la expulsión de por vida de Maximiliano Silva, argumentando que la gravedad de la falta (la adulteración de un documento público por parte de una autoridad deportiva) amerita la pena máxima y no solo una suspensión temporal.
Con información de Digital Santo Tomé