El Tribunal Oral Federal continúa este miércoles con el desarrollo de las audiencias de debate en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. La atención se concentra en el análisis minucioso de las horas iniciales posteriores a la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal de 9 de Julio. El cronograma de la fecha prevé las declaraciones de tres funcionarios claves que intervinieron en los operativos primarios, el manejo de rastrillajes y la preservación de las primeras evidencias.
El eje central de la mañana girará en torno al testimonio de Eduardo Rafael Torres, oficial subayudante de la Policía de Corrientes y quien se desempeñaba como secretario de actuaciones bajo las órdenes directas del excomisario Walter Maciel —uno de los principales imputados en la causa—.
La declaración de Torres resulta de vital interés para el tribunal debido a su participación directa en los procedimientos iniciales: estuvo presente durante el ingreso al monte en la noche que se perdió el rastro del niño, participó en el secuestro de prendas y vehículos de los primeros sospechosos (Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel Ramírez, Carlos Pérez y María Victoria Caillava), y coordinó las primeras diligencias y pruebas de olor con canes.
No obstante, su testimonio profundiza las sospechas sobre posibles irregularidades administrativas en la seccional de 9 de Julio. En el sumario constan diferencias sustanciales respecto a los horarios de toma de conocimiento del hecho que él mismo registró por supuestas indicaciones de Maciel. Asimismo, durante la instrucción se detectó que Torres confeccionó y firmó cédulas de citación dirigidas a vecinos que habían participado de marchas de protesta en la localidad, bajo la presunción de que obedecían a directivas formales de la Fiscalía transmitidas por el excomisario, medidas que el Ministerio Público jamás había ordenado.
Completarán la terna de testimonios convocados para este miércoles Leslie Yuliana Rolón, especialista del área de Delitos Complejos y Delitos Informáticos, y el funcionario policial Luis Eduardo Cavalieri.
A Rolón le cabrá detallar el trabajo de extracción y análisis de evidencia digital practicado sobre los teléfonos celulares secuestrados en las semanas posteriores al hecho. Conforme al expediente, el 25 de junio de 2024 recibió tres aparatos para realizar copias forenses mediante la herramienta Mobile Edit Forensic, material que posteriormente fue derivado a la fiscalía a través de soportes digitales compartidos.

