En una audiencia clave realizada este lunes, la fiscal Sonia Meza formalizó los cargos contra las hermanas Machuca y Camila González por el feroz ataque a Leila Fernández ocurrido el pasado 12 de julio. El abogado querellante, Hermindo González, ratificó el pedido de máxima severidad al considerar que se trató de una «conducta homicida».
El proceso judicial por una violenta agresión a la salida de un boliche y posterior choque que dejó a Leila Fernández de 18 años en terapia intensiva dio un paso fundamental esta mañana en los tribunales de la ciudad de Corrientes.
La Unidad Fiscal de Investigaciones Nº 4, bajo la dirección de la doctora Sonia Meza, procedió a la formalización de la imputación contra Fátima Machuca, Evelyn Machuca y Camila González, señaladas como las autoras de la golpiza a la salida del boliche Tampa, en la Costanera Sur.
Durante la jornada, se les notificó a las acusadas el hecho investigado, las pruebas recolectadas hasta el momento y la calificación legal del caso: “lesiones leves”.
El ataque, registrado en la madrugada del domingo 12 de julio, escaló cuando la víctima fue interceptada, derribada al suelo y sometida a una lluvia de patadas y golpes en la cabeza, tras lo cual perdió el control de su motocicleta y sufrió un grave siniestro vial debido al estado de shock y la desorientación.
La postura de la querella
El doctor Hermindo González, representante legal de Leila Fernández, fue tajante al solicitar que la causa se tramite bajo la carátula de homicidio en grado de tentativa.
Para el letrado, la ferocidad del ataque y la selección de zonas vitales para golpear demuestran una intención que excede las simples lesiones.
«Estamos ante una situación clara de un homicidio tentado que no se dio porque han existido personas que evitaron que se continúe con la agresión», afirmó González tras la audiencia.
Además, enfatizó la gravedad de las secuelas que aún padece la joven: «Fue una conducta de agresión y una conducta homicida. La vida de ella continúa en riesgo habida cuenta que los golpes que se le propinaron en las zonas vitales no han concluido su evolución».
Ante este escenario, la querella adelantó que solicitará la medida de coerción más gravosa para las tres imputadas. «Corresponde y la medida de coerción que debe aplicarse es la prisión preventiva», sostuvo el abogado, argumentando que existe un riesgo procesal concreto debido al temor que las agresoras podrían infundir en potenciales testigos.
El descargo de la defensa
Por su parte, el abogado Jorge Barboza a cargo de la defensa de las jóvenes imputadas intentó desvincular las lesiones más graves del ataque físico inicial. Según sus declaraciones a la prensa tras la audiencia, las contusiones que pusieron en riesgo la vida de la joven fueron producto exclusivamente del accidente vial posterior.
«Las lesiones de Leila fueron por el accidente tras la pelea», es la tesis que maneja el equipo legal de las acusadas para atenuar la calificación legal.
Medidas del establecimiento
Por su parte, la gerencia del local bailable donde se originó el conflicto, emitió un comunicado repudiando los hechos y confirmando una medida drástica.
Como medida correctiva, se les ha prohibido el ingreso de por vida al establecimiento, asegurando además que reforzarán los controles en las listas de admisión.
El caso ha generado una profunda conmoción en la sociedad correntina. Al respecto, González concluyó que esta es una «oportunidad única para transmitir a toda la comunidad el imperativo constitucional de afianzamiento de justicia», buscando romper con la percepción de impunidad ante hechos de violencia extrema en la noche capitalina.