El Senado reanudó este jueves el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la iniciativa que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 27 de marzo y que había quedado en cuarto intermedio el 16 de julio pasado por las diferencias entre los bloques. El presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala, habilitó la sesión, en la que la jefa del interbloque oficialista, Patricia Bullrich, pidió pasar a comisión la autorización para que la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti —que cursa un embarazo avanzado— pueda participar en forma virtual, pedido que el recinto aprobó casi por unanimidad.
Una versión recortada
La ley, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, llega esta vez con una versión bastante más acotada que el proyecto original. Tras semanas de negociaciones y sucesivas reescrituras del dictamen, el oficialismo optó por sacar del texto los artículos que flexibilizaban la venta de tierras rurales a extranjeros y los que afectaban a los barrios populares, dos capítulos que habían generado el rechazo de gobernadores aliados y de organizaciones sociales. Con esa poda, el Gobierno busca asegurarse los votos que hasta hace pocos días no tenía garantizados, después de una serie de reuniones entre Sturzenegger y Bullrich en el propio Senado.
Cómo funciona el desalojo exprés
Lo que queda del proyecto tiene como columna vertebral la reforma del régimen de desalojos. La norma habilita lo que se conoce como desalojo exprés para los casos de inmuebles usurpados o con tenedores precarios: el juez podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble cuando el derecho invocado por el propietario resulte verosímil y medie caución juratoria, e intimar la restitución en un plazo de 72 horas si el dueño acredita su titularidad con prueba documental.
Los plazos para los inquilinos
Para los inquilinos que acumulan deudas, el mecanismo es distinto pero también se acelera. El propietario deberá notificar por carta documento o correo electrónico, precisando el lugar de pago, y otorgar un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la situación. Si el incumplimiento persiste, la acción de desalojo podrá sustanciarse en diez días hábiles. El texto también establece que el propietario no puede negarse a recibir las llaves ni imponer condiciones para aceptarlas, aunque sí puede dejar constancia por escrito de deudas pendientes para reclamarlas después. En los casos donde haya menores o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención obligatoria a los organismos de protección y al Ministerio Público Tutelar, con un plazo que no podrá exceder los diez días para garantizar una alternativa habitacional transitoria.
Cambios en las expropiaciones
El proyecto también modifica el régimen de expropiaciones. Establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y que el Estado tendrá que fundamentar con claridad los motivos de cada medida. Se fija además un tope del 30 por ciento para la indemnización por lucro cesante —algo que la versión original no contemplaba— y se define que la tasa de interés a pagar combinará el Índice de Precios al Consumidor con la tasa a treinta días del Banco Nación. La transferencia del bien no podrá concretarse sin el pago previo de la indemnización, aunque el Estado sí podrá solicitar la posesión anticipada, y en caso de discrepancias sobre el valor a abonar el juez podrá pedir un dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Manejo del fuego y regularización dominial
Otro capítulo modifica la ley de Manejo del Fuego. Se deroga el artículo que impedía, durante 30 años, cambiar el uso de superficies agropecuarias, praderas, pastizales y áreas periurbanas afectadas por incendios. Para los bosques nativos se mantiene la prohibición de cambio de uso, pero se elimina el plazo de 60 años que había impulsado el actual bloque de Unión por la Patria durante la gestión anterior.
El proyecto habilita, por otro lado, la presentación de documentos digitales en los Registros de la Propiedad de todo el país y modifica la ley Pierri de regularización dominial, para que las familias con posesión pública y continua durante los diez años previos puedan acceder a la escritura de su vivienda única.
Rechazo social y tensión interna
La sesión de este jueves llega en un clima de fuerte tensión política y social. El proyecto acumula cuatro postergaciones desde que obtuvo dictamen a fines de mayo y generó roces internos dentro del propio Gobierno por los sucesivos cambios de redacción. Organizaciones sociales y agrupaciones que trabajan contra los desalojos habían anunciado movilizaciones frente al Congreso y en distintos puntos del país para el día de la sesión, en rechazo al capítulo de desalojo exprés, que consideran un antecedente de prácticas ya extendidas en algunos distritos.