El Senado de la Nación paralizó esta semana su agenda legislativa tras la postergación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, proyecto que contemplaba agilizar desalojos y modificar regímenes de tenencia de tierras. La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, debió llamar a cuarto intermedio por falta de acuerdo entre los bloques aliados, especialmente sobre extranjerización de tierras. El debate se reanudará el 6 de agosto, dejando a ambas cámaras sin actividad importante hasta después del receso invernal.
La postergación fue un revés anticipado para el oficialismo. Además de la ley de inviolabilidad, quedaron pendientes cambios en manejo del fuego, eliminación de restricciones para venta de tierras a extranjeros y modificaciones al régimen de expropiaciones. También aguarda su turno la reforma política, cuyo eje central es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), proyecto que encuentra apoyo entre gobernadores pero genera resistencias en aliados clave del Gobierno nacional.
En la Cámara de Diputados de la Nación, que preside Martín Menem, el oficialismo agotó sus proyectos a corto plazo. En dos meses consiguió media sanción para la reforma de Zonas Frías, el Súper Rigi para inversiones en “industrias del futuro” y la Ley Hojarasca. También logró sanción definitiva del pago a fondos buitres. Ahora, el Ejecutivo nacional intenta reactivar el debate con iniciativas que garanticen estabilidad financiera y presupuestaria.
En Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés mantiene una gestión fuertemente municipalista, con énfasis en infraestructura y la búsqueda de una mayor coparticipación federal, mientras observa desde la provincia los movimientos legislativos nacionales.
UN REFORMISMO ECONÓMICO CAUTAMENTE OPTIMISTA
Hace diez días, Juan Pablo había sido consultado sobre la reforma política del presidente Javier Milei: “Yo estoy más a favor de la eliminación total del sistema”, respondió sobre las Paso, alejándose de quienes proponen una suspensión parcial. “No veo de forma clara que hoy no se pueda discutir y tratar un proyecto de fondo”, había insistido al respecto.
La posición de Valdés sobre reformas económicas no es de adhesión acrítica. Cuando se debatió la reforma laboral a principios de año, pospuso su definición hasta consultar con gabinete y legisladores. Su preocupación: la caída de la coparticipación federal por rebaja de ganancias: “Es uno de los temas que realmente preocupan, porque tiene que ver con previsiones para las provincias”, expresó entonces.
Sobre la ley de inocencia fiscal que Diputados recibirá esta semana en versión ampliada, no hay posición pública del Gobernador, pero su bloque legislativo se expidió. Carlos Mauricio Camau Espínola, senador nacional correntino del interbloque Impulso País, votó a favor en diciembre cuando el proyecto fue sancionado, sumándose oportunamente al consenso de La Libertad Avanza, la UCR y el PRO.
EL RECESO INVERNAL Y LA ESPERA DE AGOSTO
Con la práctica suspensión de actividades en el Senado hasta el 6 de agosto y la Cámara de Diputados cerrada hasta que culmine el receso invernal, queda sin respuesta cuándo será debatida la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que anunció Milei, ni tampoco la herramienta de shutdown estilo estadounidense que el mandatario describió como mecanismo para limitar el gasto cuando se agota el presupuesto.
El expediente correspondiente al proyecto de ley de inocencia fiscal ampliada sí ingresará esta semana a Diputados. El Gobierno nacional busca volverla “universal y más previsible”, eliminando los topes de ingresos y patrimonio de la ley actual, para que más contribuyentes puedan formalizar ahorros no declarados. El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, argumentó que “ese ahorro que está debajo de los colchones representa una pérdida de poder de compra para la gente”, mientras el Banco Central estima unos 170 mil millones de dólares en efectivo sin circular.
Desde Corrientes, el silencio de Valdés sobre este proyecto sugiere una posición de espera. El radical tiene sus prioridades trazadas: infraestructura, gestiones por más recursos federales para la provincia y el fortalecimiento del comercio agrícola y forestal a través de puertos locales y de inversiones y coparticipación público-privada. Si los proyectos de Milei no interfieren con esa agenda, existiría la posibilidad de que encontrasen apoyo legislativo desde la provincia.