La Sociedad Rural Argentina (SRA) valoró la adjudicación definitiva de la concesión de la Hidrovía a Jan De Nul y Servimagnus, pero advirtió que la profundización del canal es solo una parte de la agenda logística pendiente. La entidad señala que también es necesario modernizar el régimen de cabotaje, fortalecer los puertos regionales y avanzar en adecuaciones regulatorias e impositivas.
La SRA reconoció que la adjudicación cierra un proceso licitatorio largamente demorado y aporta previsibilidad a una de las principales infraestructuras logísticas del país, sin mejoras estructurales desde hace más de una década.
La concesión prevé la profundización gradual del canal desde los actuales 34 pies hasta 38 pies, con posibilidad de avanzar hacia los 40 pies navegables, junto con obras de dragado, mantenimiento y modernización del sistema de señalización y balizamiento.
Los números que respaldan el optimismo son concretos: según estimaciones privadas citadas por la entidad, la mayor profundidad permitiría reducir entre 189 y 230 embarcaciones anuales para transportar el mismo volumen exportado y generar ahorros logísticos de entre 375 y 456 millones de dólares por año.
SALVEDADES
Sin embargo, la SRA fue clara en que ese avance no alcanza por sí solo. La entidad identificó una agenda logística más amplia que incluye la modernización del régimen de cabotaje, el fortalecimiento de los puertos regionales y una mayor integración entre transporte por camión, ferrocarril y vías navegables.
A eso se suman adecuaciones regulatorias e impositivas pendientes y la puesta en funcionamiento de los mecanismos de gobernanza y control previstos para la nueva concesión.
«El desafío hacia adelante será concretar las obras comprometidas y complementarlas con una agenda logística integral que permita reducir costos de transacción y aprovechar plenamente el potencial del sistema fluvial argentino», concluyó la SRA.
La entidad que conduce Nicolás Pino fue la más cercana al Gobierno dentro de la Mesa de Enlace durante el proceso licitatorio, y su postura combina respaldo a la adjudicación con una lista de demandas estructurales que el sector exportador viene reclamando hace años.