El martes 7 de julio se realizará una cumbre binacional clave, ya que la nueva concesionaria del puente internacional De la Integración presentará su plan de obras en la reunión que tendrá lugar en la sede legislativa de la ciudad brasileña de São Borja.
La firma CS Rodovias Mercosul romperá su bajo perfil ante los concejales y explicará los proyectos de infraestructura y responderá por dos conflictos urgentes: el tratamiento de residuos en la playa de camiones y la suspensión del transporte interurbano de pasajeros.
La Cámara Binacional de Vereadores (concejales) sesionará en São Borja para conocer de primera mano el plan de inversiones en el Centro Unificado de Frontera y sus accesos, convocatoria que representa un hecho político importante debido al perfil cerrado de la firma paulista que explota el cruce.
La asistencia de los directivos fue confirmada por el concejal oficialista santotomeño, Santiago Saucedo, en el programa radial Agenda Abierta. El edil de la UCR, cercano al intendente, Augusto Suaid, detalló que el objetivo central es profundizar en las precisiones técnicas de las obras exigidas en el pliego de licitación de la cabecera del puente internacional De La Integración.
CONFLICTOS
Más allá de la infraestructura edilicia, la concesionaria llega al encuentro acorralada por una problemática ambiental que se convirtió en un «cuello de botella» operativo: el destino de las toneladas de residuos que genera diariamente el movimiento logístico de transporte de cargas. Tanto el Municipio de Santo Tomé como el de São Borja prohibieron el ingreso de esos residuos a sus respectivas plantas de tratamiento locales.
Cabe indicar que el contrato de concesión obliga a CS Rodovias Mercosul a dar un tratamiento especial a la basura, prohibiendo de forma taxativa su descarga en basurales a cielo abierto.
El segundo punto conflictivo que se presume será incluido en el orden del día será el de la restitución del servicio de colectivos de pasajeros entre ambas ciudades fronterizas, interrumpido desde el 3 de diciembre de 2025, fecha en que asumió la nueva empresa privada que de entrada consideró que el servicio que prestaba no era comunitario y directamente pasó «la motosierra» al acuerdo que en el año 2018 firmaron entre las partes de ese momento, es decir ambos municipios, los organismos binacionales, la concesionaria Mercovía SA y la empresa de colectivos Río Uruguay.
Saucedo aclaró que el Ejecutivo municipal local no puede destrabar el servicio de forma directa por tratarse de una disputa tarifaria entre privados, específicamente entre la transportista Río Uruguay y la concesionaria CS Rodovias Mercosul.