La Cámara Federal de Corrientes ratificó los procesamientos con prisión preventiva de 13 personas acusadas de formar parte de una organización criminal transnacional vinculada al Tren de Aragua, la banda venezolana que en los últimos años expandió sus operaciones por toda la región. El tribunal rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó que los acusados deben responder por tres delitos: integrar una organización criminal, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El hombre que vivía en un country con identidad falsa
Todo comenzó el 2 de octubre de 2023, cuando agentes de Interpol de la Policía Federal detuvieron en la ruta 43 de Corrientes a Guillermo Rafael Boscán Bracho, un venezolano con pedido de captura internacional. Tenía una identidad falsa con la que había ingresado al país desde Colombia en 2019 y, al momento de ser arrestado, vivía en un barrio privado de la ciudad de Corrientes.
Boscán Bracho es señalado como el líder de la llamada «Banda del Yiyi», una facción del Tren de Aragua. Venezuela lo reclama para juzgarlo por extorsión agravada, homicidio calificado, terrorismo, tráfico de armas y otros delitos. La Corte Suprema argentina ya autorizó su extradición en marzo pasado, pero el trámite está en suspenso porque primero deberá ser juzgado en este país. Permanece detenido en el penal de Ezeiza, en una unidad de alto riesgo.
Su captura abrió una investigación que, casi dos años después, derivó en el procesamiento de otras 12 personas.
Una red con dos células y operaciones financieras complejas
El año pasado, el 28 de mayo, una serie de allanamientos simultáneos en Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la ciudad de Corrientes permitió detener al resto de los acusados. Entre ellos hay once venezolanos, una colombiana y un argentino.
La investigación —impulsada conjuntamente por fiscales federales de Corrientes, la unidad especializada en crimen organizado y la unidad de lavado de activos— detectó que la organización operaba a través de dos células coordinadas entre sí, que mantenían comunicación directa con Boscán Bracho incluso mientras este estaba preso. Cada integrante tenía un rol específico dentro de la estructura.
Para mover el dinero, la banda utilizaba sistemas informales de transferencia, cuentas bancarias, billeteras virtuales y un local comercial en el barrio porteño de Colegiales. En los allanamientos se secuestraron computadoras, máquinas contadoras de billetes, efectivo en distintas monedas y documentación. Varios de los acusados habían adquirido bienes de alto valor —muebles e inmuebles— sin tener empleo registrado ni ingresos que lo justificaran.
Un procesamiento que tuvo que rehacerse
El camino judicial no fue sencillo. En septiembre del año pasado los 13 imputados habían sido procesados por los tres delitos, pero en diciembre la propia Cámara Federal anuló parcialmente esa decisión respecto al cargo de organización criminal, porque consideró que los acusados no habían sido debidamente notificados de esa imputación al momento de sus declaraciones indagatorias.
La fiscalía subsanó el error: entre enero y febrero de este año se realizaron nuevas indagatorias, esta vez con la acusación completa correctamente notificada, y el juez federal Gustavo Fresneda volvió a procesar a los 13 por los tres delitos. Esa es la decisión que la Cámara acaba de confirmar, al considerar que las defensas no lograron rebatir ni la solidez de las pruebas ni la lógica jurídica del fallo.
Qué dijo el tribunal
Las dos juezas de la Cámara sostuvieron que la evidencia reunida —escuchas telefónicas, tareas de inteligencia, análisis financieros, allanamientos y secuestro de dispositivos— permite dar por acreditada, al menos en esta etapa del proceso, la existencia de una organización con capacidad operativa real, estructura estable, división de funciones y proyección internacional. Con esos elementos, confirmaron que los 13 acusados deben seguir detenidos y enfrentar el juicio oral.