El ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, detalló en la víspera la formalización de acuerdos estratégicos con la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) para optimizar políticas públicas mediante la modernización y evaluación de datos.
Estas iniciativas incluyen programas de asistencia alimentaria, operativos oftalmológicos conjuntos con la Nación y capacitaciones en lenguaje de señas con alta participación ciudadana.
El funcionario enfatizó en que el Gobierno provincial utiliza relevamientos precisos para gestionar eficientemente los recursos destinados a comedores, adultos mayores y Centros de Desarrollo Infantil (CDI).
A continuación, las declaraciones que brindó en ronda de prensa.
Ministro, acaba de rubricar convenios importantes con la Unne. ¿Cuál es el objetivo primordial de esta alianza estratégica?
-Así es, hemos firmado dos convenios fundamentales. Uno vinculado al programa Yacarú por 2.0 y otro para implementar el programa Ver para ser libres, en el que trabajamos de forma articulada con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, los municipios y nuestra cartera. Lo que más nos interesa de la relación con la universidad pública, y agradezco la disposición de su rector Omar Larroza, es la evaluación del impacto. En la implementación de toda política pública hay aciertos y errores; queremos conocer esos errores para corregirlos, trabajar con orden y darle certeza a cada programa.
Usted menciona la necesidad de trabajar con «certeza». ¿Cómo se traduce esto en la gestión cotidiana de un ministerio con tanta demanda?
-Estamos llevando adelante un proceso de modernización profundo junto al Instituto de Modernización de la Provincia. El objetivo es construir datos certeros porque, como solemos decir, «el dato mata al relato». Muchas veces se habla de la demanda de manera genérica, pero nosotros queremos datos claros por zonas. Esto nos permitirá tener un panorama mucho más nítido que, en breve, también será de acceso público.
Respecto a la asistencia directa, ¿cuál es la situación actual de los comedores y el relevamiento de beneficiarios?
-El Ministerio atiende hoy a unos 60.000 beneficiarios. Hemos intensificado los relevamientos para tener datos precisos de cada uno de ellos. En cuanto a seguridad alimentaria, dividimos la gestión de los comedores del Interior de los de la Capital y próximamente estaremos nombrando a la nueva directora de Seguridad Alimentaria para la ciudad de Corrientes.
CONTENCIÓN
Una consulta recurrente de los sectores vulnerables es sobre la tarjeta Sapucay. ¿Se evalúan incrementos en los montos?
-Es un tema que estamos evaluando constantemente. Todo depende de la cuestión económica y de la revisión de los padrones de beneficiarios que estamos realizando en todos los programas para asegurar que la ayuda llegue a quien realmente la necesita.
Más allá de la alimentación, se ha visto una fuerte actividad en capacitaciones. ¿Qué respuesta están teniendo?
-Muy positiva, sobre todo en lo que respecta a la inclusión. A través del Consejo Provincial del Discapacitado (Coprodis), estamos brindando capacitaciones en Lengua de Señas y la convocatoria es sorprendente. En Capital tuvimos casi 600 asistentes, en Caá Catí más de 200, y seguiremos en Curuzú Cuatiá y otras localidades. Esto demuestra que hay una demanda real de herramientas para la integración.
Para finalizar, se conoció recientemente la difícil situación del Cottolengo Don Orione. ¿Qué intervención tuvo su área allí?
-Aunque el Cottolengo no depende directamente de nuestra órbita, acompañé al Gobernador en su visita. Sabemos que han recibido solo un porcentaje menor de las cápitas de Pami e Incluir Salud. Por instrucción del gobernador Juan Pablo Valdés, la Provincia los ha estado apuntalando con alimentos, pañales y una ayuda económica canalizada a través del intendente Francisco Romero. No podemos desatender situaciones de esa vulnerabilidad.