Bajo el impulso del Foro de Organizaciones Vecinales, el grupo de Jóvenes Profesionales y los voluntarios de Los Ángeles del Puente, la semana pasada se llevó a cabo una masiva recolección de firmas para exigir que el cuidado de la salud mental y la seguridad vial pasen de la intención a la ley.
La movilización busca dar respaldo popular a dos iniciativas que el arco social considera «impostergables»: el vallado de infraestructuras críticas: no se trata de una cuestión estética, sino de una barrera física necesaria. El proyecto apunta a puentes y viaductos de alto riesgo, donde la ausencia de medidas de seguridad facilita desenlaces trágicos.
La Ley Nadia: un proyecto con nombre propio que busca un abordaje integral. No se limita a la urgencia del momento, sino que propone una red de contención que incluya prevención, asistencia inmediata y un acompañamiento posterior para quienes atraviesan crisis de vulnerabilidad psicosocial.
«La realidad nos interpela a todos», coincidieron los organizadores durante la jornada donde se recolectó más de 1.500 firmas con adhesiones de jóvenes y adultos. Los organizadores confirmaron que la campaña de firmas se extenderá durante los próximos días en diferentes plazas y paseos de la Capital correntina.
PUENTE
Una de las propuestas se encuentra en el Congreso de la Nación y se trata de un documento de 21 artículos que podría cambiar definitivamente la fisonomía de las rutas argentinas. El proyecto de ley crea el Programa Nacional de Prevención de Suicidios en Sitios de Alto Riesgo, una iniciativa que busca blindar puentes y viaductos mediante ingeniería y salud pública.
No busca intervenir todos los puentes, sino aquellos identificados como «sitios de alto riesgo». Para ser calificado como tal, un lugar debe cumplir parámetros específicos: antecedentes de intentos de suicidio, una altura considerable hacia superficies líquidas o sólidas, y la ausencia de barreras físicas efectivas.
Bajo estos criterios, el puente General Manuel Belgrano ha sido incluido en el Artículo 13 como un punto de «tratamiento prioritario y urgente». Esto implica que, de sancionarse la ley, la Dirección Nacional de Vialidad tendría un plazo de apenas 90 días para implementar un plan de intervención eficiente en la conexión que une Corrientes y Chaco.
El proyecto, impulsado por el diputado Juan Fernando Brügge con el apoyo del Foro de Organizaciones Vecinales de Corrientes, propone una intervención en tres niveles: barreras físicas: no se limita a simples cercos; el texto especifica la instalación de mallas de contención, dispositivos anti-escalamiento y redes de acero inoxidable de grado marino, similares a las utilizadas con éxito en el puente Golden Gate de San Francisco. Tecnología de Vigilancia: la norma exige la instalación de cámaras de monitoreo y dispositivos de alerta temprana para permitir una intervención humana antes de que el hecho se consume. Contención Humana: la obligatoriedad de colocar señalética preventiva con líneas de asistencia y la capacitación del personal de seguridad en protocolos de crisis.
Prevención del suicidio: de qué se trata la Ley Nadia, impulsada en Corrientes
Se puso en marcha en la Capital correntina la campaña de recolección de firmas para el proyecto denominado Ley Nadia. La iniciativa, impulsada por Jacqueline Gutiérrez y un equipo de profesionales, busca que la Provincia finalmente articule y reglamente las leyes nacionales de salud mental y prevención del suicidio, a las que Corrientes adhirió hace ya 13 años sin lograr una implementación efectiva.
El proyecto no se limita exclusivamente al ámbito sanitario. Según explicó Gutiérrez en una reciente jornada de difusión en la plaza Vera, la Ley Nadia propone una prevención integral que abarca cuatro ejes fundamentales: salud, seguridad, asistencia social y educación.
«Buscamos reglamentar protocolos de prevención y posvención para acompañar a las personas en crisis y a sus familias», señaló la impulsora. Uno de los puntos críticos del proyecto es la creación de un órgano de revisión provincial, una figura inexistente hoy en Corrientes, que tendría la función de resguardar los derechos de los pacientes y realizar un seguimiento real de los casos. Además, la ley pretende regular las habilitaciones de entidades privadas que brindan tratamiento a personas con conductas de riesgo.
Al tratarse de una iniciativa ciudadana, el proyecto requiere el respaldo de 15.000 firmas de electores correntinos para ser tratado por los legisladores. La respuesta de la ciudadanía en los primeros puntos de encuentro ha sido contundente: en tan solo una hora de presencia en la vía pública, se recolectaron cerca de 300 adhesiones.
«La gente se acerca directamente al leer Prevención del Suicidio porque es una problemática que nos agobia a todos como sociedad. Hay una necesidad clara de que existan protocolos y asistencia real», afirmó Gutiérrez.