Detrás de problemas de salud comunes como la incontinencia, los prolapsos o el dolor pélvico crónico, suele haber una barrera invisible de vergüenza y silencio. Esa realidad promete empezar a cambiar en la provincia. En su sexta sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de Corrientes dio sanción definitiva a la ley que crea el Programa Provincial de Salud del Suelo Pélvico, garantizando el acceso a la prevención y el tratamiento de estas afecciones en todos los efectores de salud pública locales.
La norma pone bajo el reflector de las políticas públicas a una estructura muscular y de tejidos a menudo ignorada hasta que falla: el periné o piso pelviano, esa especie de «hamaca» que sostiene los órganos abdominales inferiores. Cuando esta contención se debilita o lesiona, las consecuencias repercuten directamente en los sistemas reproductor, digestivo y urinario.
Un problema silencioso que sale a la luz
La diputada Albana Rotela, titular de la comisión de Salud Pública y una de las impulsoras de la medida, le puso números y rostro a esta problemática durante el debate legislativo. «Cuando el periné se vuelve más frágil, es cuando más se sufre esta situación», explicó, detallando que si bien afecta mayoritariamente a las mujeres en etapas clave como el embarazo, el parto, el posparto o la menopausia, no es un problema exclusivamente femenino. También los hombres que atraviesan afecciones de próstata o cirugías específicas padecen estas disfunciones.
El principal valor de la nueva ley radica en su enfoque sistémico. No se limita a tapar los síntomas, sino que obliga a construir una red de contención médica. «Hay que resguardarlo con una atención interdisciplinaria donde tengan que intervenir conjuntamente y capacitar a todos los profesionales, sean kinesiólogos, ginecólogos, urólogos o proctólogos», puntualizó Rotela.
A partir de su promulgación, la provincia deberá instrumentar campañas de concientización para que la población aprenda a detectar de manera temprana las señales de alerta. Asimismo, se abrirán canales de formación específica para los equipos médicos de los hospitales públicos, democratizando el acceso a terapias de rehabilitación kinesiológica y médica que, hasta ahora, solían quedar restringidas al sector privado o a quienes contaban con obras sociales de alta cobertura.
Agenda parlamentaria y memoria institucional
La intensa jornada legislativa, que estuvo presidida por Eduardo Tassano, también dejó espacio para el debate histórico. En este sentido, obtuvo media sanción un proyecto impulsado por la diputada Ana Almirón. La iniciativa busca que, durante todo el año 2026, la administración pública provincial —tanto en sus formatos físicos como virtuales— incorpore de manera obligatoria en sus membretes oficiales la leyenda: “2026 – 50° aniversario del último Golpe de Estado en Argentina. Nunca Más.”
Por último, el recinto aprobó una resolución del diputado Eduardo Hardoy para la creación de la “Galería de Presidentes” de la Honorable Cámara de Diputados, un espacio destinado a poner en valor y resguardar la memoria institucional y el patrimonio democrático de la provincia a través de quienes condujeron el cuerpo legislativo a lo largo de su historia.
Límite ético al financiamiento: el Estado no subsidiará a entidades que reivindiquen la dictadura
En la misma sesión, la Cámara de Diputados convirtió en ley una normativa que marca un límite estricto al uso de los recursos públicos de los correntinos. Por mayoría de votos, se sancionó la ley que prohíbe de forma explícita al Poder Ejecutivo provincial otorgar cualquier tipo de asistencia económica o institucional a entidades que realicen apología o reivindicaciones de personas condenadas por delitos de lesa humanidad.
La iniciativa, que fue presentada originalmente por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), busca erigirse como un cerco legal contra la banalización del terrorismo de Estado y una herramienta activa para la protección de los derechos humanos.
Con esta sanción, ministerios, secretarías, entes autárquicos y empresas estatales de Corrientes tienen prohibido por ley otorgar:
- Subsidios o donaciones de bienes y recursos.
- Créditos o asistencia financiera de cualquier índole.
- Auspicios, avales o patrocinios institucionales.
- Convenios o acuerdos de cooperación mutua.
La prohibición rige para todas aquellas instituciones, fundaciones u organizaciones no gubernamentales (ONG) que incurran en homenajes, conmemoraciones o incitación al odio vinculados a graves violaciones a los derechos humanos. De esta manera, se busca blindar la caja pública para asegurar que el Estado correntino no actúe, bajo ninguna circunstancia, como soporte material o simbólico de discursos negacionistas.