La Justicia Federal de Corrientes condenó a la pena de siete años de prisión a un recluso alojado en el Complejo Penitenciario N° 1. La resolución judicial determinó que el interno era el responsable de organizar y administrar un punto de venta de drogas dentro del penal. El fallo fue dictado por los magistrados Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco.
La sentencia fue el resultado de un proceso en el que intervinieron las fiscales federales Tamara Pourcel y Nancy Vargas García. La investigación que derivó en esta condena tuvo su origen en un operativo de control de rutina realizado el 25 de enero de 2024. El procedimiento se llevó a cabo en la celda 8 del módulo 4, ubicado en el sector de mediana seguridad del establecimiento.
Durante la inspección de ese habitáculo, el personal del servicio penitenciario sorprendió al interno, identificado en la causa judicial únicamente con las iniciales G.R. En ese momento, el recluso tenía en su poder una suma en efectivo de 72.400 pesos. Al ser interrogado por los guardias, el hombre no logró brindar ninguna justificación legal sobre la procedencia de ese dinero.
Esta situación irregular motivó una requisa exhaustiva del lugar. Al revisar un estante de la celda, los efectivos encontraron una bolsa plástica de color negro que funcionaba como el principal depósito de los estupefacientes. Además, oculto dentro de un bolso gris, el personal penitenciario descubrió más envoltorios que contenían sustancias ilegales listas para su comercialización.
Tras la intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, los test orientativos confirmaron el hallazgo. En total, se secuestraron 33 gramos de cocaína y 5 gramos de marihuana. La droga estaba meticulosamente fraccionada: la cocaína se dividía en 57 envoltorios pequeños y 8 más grandes, mientras que la marihuana estaba repartida en 19 dosis individuales.
Además de las sustancias y el dinero, el operativo culminó con el secuestro de dos teléfonos celulares. Las autoridades judiciales concluyeron que estos dispositivos prohibidos eran utilizados para coordinar el ingreso de los estupefacientes y las ventas internas. Para el tribunal, la evidencia reunida demostró la existencia de una actividad ilícita sostenida en el tiempo, justificando así la condena.