El nuevo Ministro de Hacienda se reunió días atrás con los jueces. Les comunico la imposibilidad de hacer lugar al aumento del 6 por ciento por la caída sistemática de la recaudación de los últimos meses y para evitar, además, un efecto espejo en los demás empleados públicos.
Dejó una propuesta, antes de retirarse, del despacho de Semhan, quien hizo lo propio y dejó en deliberaciones a los ministros Panseri, Niz y Rey Vázquez quienes, consideraron válida y superadora la propuesta del Gobierno de diferir un mes el aumento en consideración a que, desde mayo el incremento podría ser aun mayor y extensivo al resto de los poderes.
El Gobierno tomó nota de la decisión de la mayoría. Por ello, anteayer no salía de su asombro cuando advirtió que la nota del presidente del Superior había logrado sumar la firma de Rey Vázquez. En este marco el Gobierno, que tiene la última palabra en la carga del Sisper no se apartó de su posición, aunque evitó entrar en polémica.
LA FRUTILLA DEL POSTRE
En medio de los dimes y diretes de una conducción que no termina de hacer pie salió a la luz que Guillermo Semhan haya gastado nadas menos que 47 millones de pesos en una costosa e inoportuna refacción de su propio despacho, con el agravante de que lo hizo sin la previa conformidad de sus pares.
NÚMEROS DEL PRESUPUESTO
Si bien el titular del Superior remarca que el presupuesto le da margen porque tiene disponibilidad fue el propio Gobernador quien lo contradijo al decir que, con las proyecciones, a futuro le faltará plata y que el Estado no está en condiciones de auxiliarlo.
A la vez, desde el Gobierno se señala que el Superior debe adoptar las previsiones por el mayor gasto que supondrá cubrir los muchos cargos creados que aún no se han habilitado, lo cual -con la infraestructura y mayor personal necesario- sumaría un importante porcentaje al actual presupuesto, siendo obvio que la cobertura de las vacantes con la implementación del nuevo código no debería demorarse. Ello supondría que la preocupación de Juan Pablo adquiera mucha mayor entidad.
Críticas a la postura judicial
La opinión pública pesa y mucho en situaciones de esta naturaleza, en un marco de severas limitaciones presupuestarias que alcanza al gobierno nacional, a los provinciales y a los municipios. Obviamente a los otros dos poderes del Estado.
El Gobierno es consciente que en el gran publico no se considera lógico que deban tener un tratamiento distinto al resto de los empleados de la administración provincial. Además, se advierten detalles como que el sueldo de un ministro del Superior triplica al del Gobernador, así como que tienen 55 días de vacaciones, un privilegio que no tiene ningún otro sector de la administración publica.
El cuestionamiento también apunta directo y de lleno a Guillermo Semhan. Su vuelta a la Presidencia no cayó bien en el Poder Ejecutivo. Ya desde aquel bono de fin de año, que triplicó al del resto de los agentes de la Provincia, se tuvo la evidencia de que lo que vendría no seria fácil.
Ahora, la crítica se da por el hecho de haber impulsado el 6 por ciento a pesar de conocer la política oficial del Gobierno y quizás, más grave, fue que, con la firma de otros dos ministros, en ausencia de los dos restantes (Panseri y Niz) que participan de una reunión de la Junta Federal de Cortes en Santa Fé se haya insistido en la pretensión de cargar la suba en el Sisper, a pesar del «virtual bloqueo» oficial. Una comedia de enredos en las que el Presidente mostro o no tener muñeca o estar guiado por otras intenciónes.
Lo cierto es que la cuestión dista del efecto económico en sí de un 6 por ciento más o menos. El Gobierno tiene en claro que dar luz verde a esta ofensiva de un sector de la Justicia lo dejaría en situación incómoda frente a los docentes, la Policía, los agentes de la salud y el resto de los 92.000 empleados públicos que siempre han considerado a la Justicia como los mejor pagos, más allá que nadie niegue que deben tener una remuneración acorde a sus responsabilidades.
En este contexto, las declaraciones de Juan Pablo de las últimas horas, sin entrar en polémica, marcó la cancha e instruyó a su Ministro para que no muestre debilidad. De hecho, no es lo mismo lidiar con un sector de nuclea casi 3.000 empleados que hacerlo con el resto de la administración. Hasta las críticas que puedan surgir terminan jugando a favor.
El Gobierno, ante la presión judicial
El conflicto desatado por el gremio judicial (Sitraj) ante la demora en la carga de la recomposición salarial pone en claro el ADN de la actual gestión provincial. Pero a la vez se convive con una disyuntiva. Por un lado, la presión de un sector que esgrime la autarquía como escudo; por el otro, un Gobernador que ha decidido que su marca de gestión será la previsibilidad, cueste lo que cueste en términos de popularidad inmediata.
Juan Pablo se encuentra en el centro de un ring donde las reglas de juego han cambiado. En un contexto nacional de recursos escasos y una Coparticipación que gotea con dificultad, el mandatario correntino ha optado por un perfil de gestión responsable, alejándose de las recetas que en el pasado llevaron a la Provincia a la intervención o al estancamiento. Su premisa es clara: no se puede repartir lo que no se tiene, y «rifar» la estabilidad de las arcas públicas por una medida de alivio transitorio es un pecado técnico que Corrientes ya no puede permitirse.
«POPULISMO SALARIAL»
La postura de Hacienda no es un capricho administrativo, sino una respuesta al recorte del 40 por ciento que se aplicó al inicio del ejercicio. Para la mirada de Valdés, ese «rojo» en el presupuesto judicial no es una falla de cálculo, sino un techo de cristal necesario para evitar que el gasto público se desmadre.
El Gobernador entiende que otorgar aumentos que comprometan el pago de aguinaldos o el financiamiento de infraestructura básica sería entrar en una espiral populista. En su visión, la verdadera justicia social es mantener una Provincia solvente que pague sueldos en tiempo y forma, sin «cheques voladores» ni deudas futuras.
LA SEÑAL AL MERCADO Y A LA NACIÓN
Al mantener las cuentas bajo llave, Juan Pablo envía un mensaje de solidez. De hecho la mayoría de las Provincias anticipan que no podrán pagar el aguinaldo en junio venidero. Corrientes se muestra como una «isla» de equilibrio fiscal en un mapa nacional convulso. Ceder ante el Sitraj sin una garantía técnica de fondos sería romper esa mística de administrador austero que el Gobernador cultiva con celo y a la vez seria un acto de falta de solidaridad con el resto de los empleados
¿AUTARQUÍA O SOLVENCIA?
La gran incógnita que atraviesa los pasillos de Casa de Gobierno es hasta dónde se puede tensar la cuerda. La independencia de poderes es un valor republicano, pero la supervivencia financiera es una necesidad física y la realidad de la economía depara un escenario confuso para los meses venideros.
El Gobernador sabe que, cada punto de aumento que se «filtra» por fuera de lo planificado por Hacienda, es un recurso que se le quita a la salud o a la seguridad o a la docencia, Por eso, el «bloqueo» en la carga del 6 por ciento de abril no es sólo una medida contable; es un mensaje político: el control del grifo lo tiene la Provincia, y no habrá excepciones que pongan en riesgo la salud económica de todos los correntinos por el interés de un solo sector.