El Gobierno de Javier Milei se comprometió a regularizar este mes los giros de Incluir Salud a la pequeña institución benéfica de Itatí, desactivando así una movilización nacional. Esta crisis expuso el impacto de la «motosierra» en la contención social y puso a prueba las habilidades diplomáticas de Juan Pablo Valdés, quien consolida acuerdos vitales con la Casa Rosada sin resignar el reclamo histórico por los recursos que le corresponden a la Provincia.
03-POLITICA-3Jaime Meza
Jefe de Redacción
El hilo siempre está a punto de cortarse por lo más delgado, y en el tablero de la política nacional ese extremo suele ser el de las instituciones de contención social. La crisis financiera que asfixia al pequeño Cottolengo Don Orione de Itatí, una de las entidades de atención a la discapacidad más importantes de la región, se convirtió en las últimas horas en el reflejo micro de una macroeconomía tensionada por el plan de la Casa Rosada.
Tras meses de incertidumbre y deudas millonarias acumuladas, la Agencia Nacional de Discapacidad (conocida por su sigla Andis) y el Ministerio de Salud de la Nación prometieron regularizar los giros del programa Incluir Salud durante este mes. La confirmación llegó por parte del padre Claudio Muñoz, rector de la Basílica de Itatí y director de la institución, en diálogo con radio Sudamericana.
La promesa oficial alcanzó para poner paños fríos y desactivar una movilización de prestadores planificada a escala país. «Estamos confiando en lo que nos han dicho, que se normalizarán los pagos», sostuvo el sacerdote, a la espera de que los expedientes comiencen su curso definitivo la próxima semana.
MOTOSIERRA Y LA «TRINCHERA» PROVINCIAL
Sin embargo, el «salvataje» in extremis al Cottolengo no puede leerse como un hecho aislado. Se inscribe en el complejo ecosistema de relaciones entre las provincias y la administración de Javier Milei, donde cada transferencia de fondos es producto de un exhaustivo, y a veces desgastante, tire y afloje.
Este método de gestión coquetea constantemente con la ansiedad de los gobernadores e intendentes.
El retraso en el pago a los prestadores de discapacidad es una de las tantas esquirlas del torniquete fiscal aplicado por Nación. En este escenario, la figura del gobernador Juan Pablo Valdés adquiere una centralidad insoslayable. Tal como se viene analizando en la agenda política regional -y como ha remarcado la línea editorial de EL LIBERTADOR-, el mandatario correntino transita una fina línea que combina gobernabilidad y defensa irrestricta del federalismo.
Habilidad diplomática
Valdés ha demostrado ser uno de los gobernadores con mayor muñeca política para leer el actual mapa del poder. Entiende que el país atraviesa una transición económica severa y, por ende, ha rubricado acuerdos vitales con la Nación para destrabar obras e ingresos previsionales.
«Pero ese diálogo institucional y civilizado no implica sumisión», remarcaron desde el Gobierno correntino, conscientes de los exégetas opositores, que observaron estos acuerdos como un cheque en blanco para la gestión libertaria en el Congreso.
La postura asumida por el Gobernador es clara: acompaña el cambio de época que demanda el electorado, pero se planta frente a los recortes que vulneran los derechos adquiridos de los correntinos o que discriminan a la Provincia en materia de regalías y Coparticipación, con casos evidentes de Corrientes como la caja previsional y las regalías de las hidroeléctricas.
El caso del Cottolengo Don Orione también grafica a la perfección esta coyuntura. Mientras Nación ajusta y luego promete pagar al filo del colapso institucional, la Provincia debe operar como escudo y mediador en su propio territorio.
La tregua de abril traerá oxígeno a Itatí, pero el mar de fondo de la política nacional advierte que las tensiones entre la hoja de cálculo de la Rosada y las necesidades de la «Corrientes profunda» seguirán marcando el pulso de los próximos meses.