El Gobierno nacional decidió que el «fantasma» de los juicios millonarios en tribunales extranjeros debe dejar de acechar las cuentas públicas argentinas. Al amparo de un reciente e histórico alivio en los estrados de Estados Unidos, el presidente Javier Milei anunció el envío de un proyecto de ley para reformar la histórica Ley 21.499 de Expropiaciones, con un objetivo claro: que el Estado nunca más pueda avanzar sobre la propiedad privada de manera discrecional.
Para Milei, la estatización de YPF en 2012 no fue una gesta de soberanía, sino una «irresponsabilidad inconmensurable» que le costó al país doce años de sequía de inversiones. «La arrogancia de la política no nos puede costar otra década perdida», disparó el mandatario en cadena nacional, elevando la defensa de la propiedad privada al rango de dogma innegociable de su administración.
EL PLAN STURZENEGGER
La letra chica de la reforma, diseñada bajo el ala del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca eliminar la ambigüedad que permitió intervenciones traumáticas en el pasado.
El nuevo esquema introduce tres cambios fundamentales:
- Indemnizaciones justas: el valor de los bienes deberá calcularse antes de cualquier alteración provocada por el anuncio de la expropiación, evitando que el Estado «licue» el valor de lo que pretende tomar.
- Lucro cesante: por primera vez, se reconocerá el resarcimiento por la ganancia que el propietario deja de percibir debido a la quita de su bien.
- Excepcionalidad extrema: la expropiación quedará restringida a situaciones críticas, eliminando las «ocupaciones temporales» que muchas veces se usaron como antesala de nacionalizaciones definitivas.
- Según el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el corazón de la medida es combatir la «inseguridad jurídica», ese factor invisible que -según la visión oficial- ha mantenido a los capitales internacionales lejos de las fronteras argentinas. «Sin reglas claras no hay empleo, y sin propiedad privada no hay futuro», resumió el vocero.
El «vía crucis» de YPF en Manhattan
Se debe tener en cuenta el contexto del fallo que cambió la historia. El proyecto de Milei no nace en el vacío. Surge como respuesta directa al traumático litigio en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, presidido por la jueza Loretta Preska. Durante años, la Argentina enfrentó una sentencia de primera instancia que obligaba al país a pagar cerca de 18.000 millones de dólares al fondo Burford Capital.
El litigio se originó por la forma en que el gobierno de Cristina Kirchner llevó adelante la estatización de la petrolera en 2012, ignorando los estatutos de la compañía que obligaban a lanzar una oferta de compra por el total de las acciones. Aunque recientemente un fallo de apelación trajo un respiro crucial para el país al revertir esa sentencia inicial, el riesgo latente de un embargo masivo funcionó como el detonante final para que el actual Ejecutivo busque, mediante esta nueva ley, «anestesiar» cualquier posibilidad de que la historia se repita.