La proliferación de colonias de gatos -con focos críticos detectados en distintas zonas de la ciudad- ha vuelto a poner en el centro del debate la eficacia de los planes de control poblacional. En una reciente charla en un programa radial, los médicos veterinarios Alberto Monzani, José Enrique Acosta y Clarisa Rubio, brindaron detalles sobre la complejidad técnica y económica de esta situación.
Uno de los puntos más álgidos de la discusión fue el valor de las intervenciones quirúrgicas. Según explicaron los profesionales, una cirugía de castración no es un procedimiento menor, sino un acto médico que requiere insumos específicos y seguimiento postoperatorio.
«Castrar, por ejemplo, sale entre 80 y 100 mil pesos; costos completos con medicación, con antibióticos y con todo lo que tenga que ver con la cirugía en sí», detalló el doctor Monzani, justificando el valor en la complejidad del proceso quirúrgico.
Pese a que el Consejo Profesional establece un listado de costos de referencia, la realidad socioeconómica de Corrientes obliga a muchos especialistas a trabajar con márgenes menores: «Normalmente estamos por debajo de los montos que recomienda el Consejo, porque por ahí el propietario no llega a poder cubrir esa cirugía. Entonces uno se va amoldando».
ZONAS CRÍTICAS
La problemática se agudiza cuando se trata de animales sin dueños definidos, como los gatos que procrean cada tres meses en la vía pública. Ante la consulta sobre quién debe financiar estas intervenciones, los veterinarios fueron taxativos al recordar la existencia de leyes vigentes.
«Municipalidad, Gobierno de la Provincia y hasta el Gobierno nacional tienen planes de castraciones que se direccionan hacia este tipo de poblaciones… esa normativa es tanto municipal, provincial como nacional», explicaron.
Sin embargo, el grupo de profesionales reconoció que la capacidad de respuesta oficial parece no alcanzar para frenar el ritmo de reproducción: «El tema es que la cantidad es impresionante, es desmesurada. Es una problemática a la que el Gobierno se tiene que amoldar, porque creo que esa problemática ya la tiene que tomar el Estado».
Mientras las protectoras y rescatistas independientes intentan paliar la situación, el sector veterinario insiste en que la solución de fondo requiere una ejecución efectiva de las leyes de equilibrio poblacional, dado que el costo privado resulta prohibitivo para el ciudadano promedio que desea colaborar con un animal de la calle.