El Tribunal de Juicio de Mercedes dio inicio este martes al debate oral contra el ganadero Rómulo A. Bobbio. El imputado llega al banquillo de los acusados bajo el cargo de administración fraudulenta, tras ser señalado como responsable de la desaparición de casi dos mil cabezas de ganado, en una maniobra que habría perjudicado a la firma Landver S.A.
Según la fiscalía, Bobbio (en representación de la firma Balboa y Bobbio SRL) recibió en consignación 1.966 cabezas de ganado bovino propiedad de Landver S.A. Los animales debían ser trasladados al establecimiento «Santa Ana del Trébol», en Curuzú Cuatiá, para su administración y posterior venta. Sin embargo, tras varios vencimientos contractuales e intimaciones sin respuesta, una inspección notarial y posteriores allanamientos policiales revelaron la inexistencia de casi la totalidad del rodeo.
Si bien al momento de los hechos (en 2019) el daño se estimó en 50 millones de pesos, la actualización de dicho valor en el marco de la acción civil impulsada por el Dr. Matías Mosca Tressens sitúa la indemnización pretendida en aproximadamente 2 millones de dólares.
El tribunal, presidido por el Dr. Jorge Alberto Troncoso e integrado por los vocales Juan Manuel Ignacio Muschietti y Ramón Alberto Ríos, escuchará a lo largo de varias audiencias los testimonios de representantes de la firma damnificada, transportistas de hacienda y encargados de la vacunación de los animales.
Frente a la acusación impulsada por el Fiscal Subrogante, Dr. Oscar Cañete, la defensa oficial (ejercida por el Dr. Gustavo Grinberg) planteó una postura de confrontación directa hacia las pruebas de la querella. Su estrategia se centra en negar la veracidad del convenio de consignación, buscando así desvincular a Bobbio de cualquier responsabilidad penal por el destino de los animales.
El caso, que fue instruido inicialmente por la doctora Alejandra Talamona y el juez Martín Vega, pone bajo la lupa el delito de administración infiel (Art. 173 inc. 7° del Código Penal), en un proceso donde la justicia deberá determinar si existió una voluntad deliberada de defraudar a la empresa mediante el desvío de la hacienda confiada.