Finalmente, el Gobierno nacional consiguió importantes logros en el Congreso, a partir de la aprobación, sobre el epílogo del período extraordinario de sesiones, de distintos proyectos de ley, entre los que se destacan la nueva Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil. Ambos marcos normativos fueron sancionados en el Senado en una extensa sesión parlamentaria que estuvo cerca de tener ribetes históricos, debido al peso institucional de las normas tratadas.
De esta manera, la Cámara de Senadores se convirtió este viernes en el epicentro de una jornada que puso a prueba la capacidad de articulación parlamentaria del Ejecutivo nacional, prueba de la que salió triunfante, al igual que su principal referente en el recinto, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.
Tras haber sancionado previamente la nueva ley penal juvenil, ya avanzada la noche, el Senado aprobó la reforma laboral. Luego de que el proyecto volviera a la Cámara de origen por modificaciones técnicas, el oficialismo obtuvo la aprobación definitiva con un total de 42 votos a favor, mientras que 28 senadores se manifestaron en contra y se registraron dos abstenciones. Con esta decisión legislativa, la iniciativa quedó lista para que el Poder Ejecutivo oficialice su promulgación a través del Boletín Oficial, una comunicación institucional que se realizaría el próximo lunes.
El tablero de la Cámara Alta demostró que el oficialismo logró mantener el apoyo de sus aliados estratégicos, consolidando así una mayoría necesaria para avanzar en el plan de modernización del Estado.
UN TRIUNFO PARLAMENTARIO ESTRATÉGICO
Este resultado en el Congreso representa un avance político de gran magnitud para la administración central en este inicio de 2026. La pericia política demostrada en el Senado permitió destrabar proyectos que habían generado intensos debates en las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda durante todo el verano. En este esquema de poder, la figura de Bullrich resultó determinante. La senadora hizo gala de su probada cintura política para amalgamar voluntades de bloques minoritarios y asegurar un piso de votos que brindó previsibilidad a las reformas pretendidas por la Casa Rosada.
Uno de los puntos de mayor fricción durante el tratamiento parlamentario fue el artículo que contemplaba una reducción salarial en las licencias médicas por accidentes o enfermedades ajenas al ámbito laboral, el cual fue finalmente excluido para garantizar el acompañamiento de los sectores dialoguistas. Esta maniobra de repliegue táctico fue fundamental para que el núcleo duro de la reforma laboral -orientado a la modernización de los contratos, la extensión de los períodos de prueba y la reducción de la litigiosidad- lograra la sanción definitiva.
El consenso alcanzado permite ahora proyectar un escenario de mayor estabilidad jurídica para las contrataciones en el sector privado a escala nacional.
LA VISIÓN DE CORRIENTES SOBRE LA REFORMA LABORAL
En diálogo con EL LIBERTADOR, el diputado nacional por Corrientes, Diógenes González (UCR), analizó los alcances de la normativa y puso especial énfasis en la configuración del tejido productivo correntino. Con respecto a la reforma laboral, el legislador explicó que se trata de una ley muy compleja: “No solamente modifica la ley de contrato de trabajo, sino que establece pautas de modificación tributaria e incentivos fiscales de gran alcance”, detalló.
Diógenes subrayó que el texto aprobado establece distintas pautas que tienen que ver con incentivos para la compra de equipamiento y mecanismos para facilitar el blanqueo de personal. El legislador consideró que estas herramientas son fundamentales para “atacar directamente la informalidad laboral” que afecta a la región.
Al referirse a la estructura económica regional, el diputado nacional señaló que, en general, son pautas muy importantes de gran impacto para las pymes, pequeñas y medianas empresas: “En la provincia de Corrientes representan la gran mayoría de los dadores de empleo genuino”, puntualizó.
Según consideró, la ley de modernización laboral es una herramienta indispensable para que los comercios y emprendimientos locales puedan expandir su capacidad operativa “sin el riesgo de afrontar juicios laborales que comprometan su capital”, expuso.
Mediante esta reforma, que cuenta con más de 200 artículos y 26 capítulos que fueron fuertemente debatidos, se busca transformar un sistema que el diputado calificó de “obsoleto frente a los desafíos del siglo XXI”.
HACIA UN NUEVO PARADIGMA PENAL JUVENIL
Otro de los ejes centrales de la histórica jornada fue la sanción del Régimen Penal Juvenil, una demanda social que ocupaba un lugar central en la agenda de seguridad ciudadana. En ese marco, Diógenes se refirió al nuevo sistema, que crea una zona de protección especial para jóvenes de entre 14 y 18 años: “Estamos bajo principios doctrinarios que están estrictamente adecuados a pautas y tratados internacionales de derechos humanos”, afirmó.
La norma fija responsabilidades penales claras, lo que permite que los menores puedan ser condenados a partir de los 14 años, aunque se establecen límites precisos en las penas máximas para garantizar el derecho a la resocialización.
Acerca de ello, el legislador por la UCR destacó que se trata de un gran avance en términos de legislación penal: “Nos pone en sintonía con el resto de los países de América Latina, donde la edad de responsabilidad penal oscila entre los 12 y 15 años”, argumentó. Asimismo, González puso de relieve que la ley sancionada impone la creación de establecimientos que deben tener un destino específico. Según el diputado, el objetivo es “reeducar a los menores de edad, evitando el contacto con poblaciones penales adultas” y priorizando programas educativos que permitan una reinserción efectiva en la comunidad tras el cumplimiento de la sanción.
ANTECEDENTES PROPIOS
La provincia de Corrientes ya había transitado un camino de vanguardia legislativa en esta materia. Durante el transcurso del año 2025, la Legislatura provincial aprobó su propio régimen penal juvenil, el cual funciona hoy como un marco complementario de lo que ha establecido la nueva legislación penal del Congreso de la Nación.
Aquella normativa local ya preveía la creación de pautas de protección robustas y estándares internacionales, además de sentar las bases administrativas para la eventual creación de juzgados especializados en todo el territorio de la provincia de Corrientes, un proceso que ahora cobrará mayor velocidad tras la sanción nacional.
Este marco previo en la jurisdicción provincial permitió que los representantes locales en el Congreso llegaran al debate con una experiencia empírica sobre la aplicación de estos regímenes en el interior del país. La armonía entre la normativa correntina de 2025 y la ley federal sancionada este viernes garantiza una transición institucional más fluida, permitiendo que el Poder Judicial local acelere los procesos de especialización y capacitación de los magistrados destinados al fuero de menores, adaptando los recursos físicos y humanos a las nuevas exigencias de la ley penal nacional.
PETECO, VALENZUELA Y CAMAU
La importancia institucional de la sesión quedó ratificada por el comportamiento unificado de la representación de Corrientes en la Cámara Alta. Los tres senadores nacionales por la provincia, Eduardo Vischi (UCR), Gabriela Valenzuela (UCR) y Carlos Mauricio Camau Espínola (Impulso País), votaron a favor del proyecto de reforma laboral y del régimen penal juvenil.
Este alineamiento transversal, que incluyó tanto al oficialismo provincial como a sectores de la oposición dialoguista, refleja un consenso mayoritario sobre la urgencia de dotar al Estado de herramientas legales que dinamicen la economía y fortalezcan la seguridad jurídica.
CÓMO SIGUE
Con respecto a los pasos inmediatos del Ejecutivo nacional, se espera que tras la promulgación oficial el lunes, comiencen a regir los nuevos beneficios impositivos para las pymes que decidan regularizar su situación laboral.
La jornada parlamentaria finalizó con un fuerte mensaje de institucionalidad en el recinto del Senado, donde el Gobierno nacional, a pesar de las rispideces políticas propias de un período de extraordinarias, logró consolidar una mayoría que redefine el mapa laboral y el sistema de justicia penal para menores en la Argentina del año 2026.
